Resumen ejecutivo

  • El objetivo de este documento es dar cuenta de la estructura socioeconómica, protección social y fiscal de Brasil, características, participación y evolución de los principales indicadores económicos, sociales y fiscales, vinculando con el contexto político reciente.
  • Brasil es una sociedad con un alto grado de desigualdad, especialmente en comparación con el promedio de América Latina. El Coeficiente de Gini brasileño alcanza 0,52, mientras que el promedio de América Latina es de 0,44. Además, el 1% más rico de la población se apropia del 19,74% de la renta, en contraste con el 20,44% en América Latina.
  • Una mención especial debe hacerse a la desigualdad en términos raciales. Los afrodescendientes representan el 54% de la población en Brasil, el ingreso promedio de los brasileños blancos es el doble del ingreso promedio de los brasileños negros, y la brecha en la educación también es significativa.
  • El sistema tributario es federal, lo que implica la participación de diferentes niveles de gobierno (nacional, estatal, municipal e interfederal) en la política y administración tributaria. Según la Receita Federal do Brasil, en 2020 la recaudación tributaria se compuso en un 66,3% de tributos federales, un 27% de tributos estatales y un 6,7% de tributos municipales. 
  • La recaudación tributaria federal se concentra en tres impuestos, Contribuciones Sociales (26%), seguida por los impuestos generales sobre el consumo (COFINS, PIS) y el impuesto sobre la renta (IRPF e IRPJ). Esta concentración refleja la dependencia del país de los impuestos sociales y de consumo.
  • La dinámica reciente muestra que Brasil aumentó la regresividad del sistema tributario nacional, la incidencia de los tributos a la propiedad alcanzaron 1,62% del PIB, muy por debajo de los niveles de Argentina (2,91% del PIB) e inferior a las tasas que muestran los países de la OCDE (1,8% prom.)
  • La tasa de utilidad y ganancias sobre el capital en porcentaje del PIB brasileño viene incrementando su participación dentro de la estructura tributaria. En 2022 estos tributos aportan 9,18% del PIB, niveles por encima del promedio del periodo 2016-2019 (6,49% del PIB) y casi 3 puntos porcentuales por debajo a las tasas promedio de la OCDE (12% prom.)
  • Con respecto a los gastos tributarios, Brasil se sitúa en un nivel ligeramente inferior al promedio de la región (3,6%), con gastos tributarios que equivalen al 3,3% del PIB. Al desglosar el total se observa que gran parte del gasto tributario se ejecuta sobre el IVA (0,8% del PIB), el impuesto a las rentas de personas (0,9% del PIB) y de empresas (0,6% del PIB).
  • Entre las principales políticas de lucha contra la pobreza se destacan el Programa Hambre Cero, que a partir de 2003 se englobó en el Programa Bolsa Familia (PBF), representando la política pública de lucha contra la pobreza de mayor alcance en todo el mundo, en la primer década logró reducir a la mitad la pobreza en el país. En 2021, Bolsonaro transformó el PBF en Auxilio Brasil, elevó el total de familias beneficiadas a 17  millones y aumentó en un 20% el valor concedido, hasta un mínimo de 400 reales mensuales (US$ 70 dólares) por familia. El gasto social fue del 22,5% del PIB, 11 puntos porcentuales por encima del nivel de los países latinoamericanos (11,6%) e incluso por arriba de los países de la OCDE (20%).
  • El acceso a la educación es desigual entre los brasileños blancos y afrodescendientes, el 56% de los brasileños blancos tienen un título universitario, en comparación con el 24% de los brasileños negros. Sin embargo, la tasa de finalización secundaria es del 85,7%, ligeramente superior al promedio de América Latina (74,1%)y lejos del promedio de la OCDE (95,2%). En términos de financiamiento educativo, en 2020  alcanzó el 6,1% del PBI, levemente por arriba del promedio de los países latinoamericanos (4,5%).
  • El sistema previsional se basa en un enfoque mixto que combina componentes de reparto y capitalización individual. Actualmente, cerca del 91,5% de los adultos mayores están cubiertos por el sistema, por arriba del promedio de cobertura de los países latinoamericanos (53,9%).
  • A pesar de los avances, las desigualdades de género en lo económico persisten que afectan a las mujeres, las mujeres brasileñas sólo tendrán equiparación salarial con hombres en 2047. Seis brasileños, todos hombres, concentran la misma riqueza que toda la mitad más pobre de la población, más de 100 millones de personas. Asimismo, la desigualdad está fuertemente racializada y de continuar con el ritmo actual, recién en el año 2087 los afro brasileros cerrarán la brecha con la población blanca solamente en 2089. (Oxfam, 2022)
  • En términos de transparencia y riqueza offshore, Brasil es un país con una relativamente baja proporción de riqueza offshore (4,5%), tanto respecto al promedio de Latinoamérica (13,99%) como a los países de la OCDE (10,54%). Según el informe de Tax Justice Network (TJN), Brasil sufre pérdidas fiscales anuales por un monto estimado de 8.165 millones de dólares en 2020 (0,4% del PIB), 96% de estas pérdidas provienen del abuso y elusión por parte de empresas. 

  • Contexto Político

La estructura política de Brasil es la de un país Federal y Republicano, es decir que está dividida en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El presidente es elegido directamente por sufragio popular, mediante elecciones generales, para un mandato de cuatro años, pudiendo ser reelegido para un segundo mandato. El Congreso está formado por la Cámara de Diputados y el Senado.  

Los estados brasileños son entidades autónomas organizadas con ramas de administración completas e independencia financiera relativa. A pesar de su autonomía, todos tienen el mismo modelo de administración, definidos constitucionalmente

La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano judicial de Brasil y se encarga de la interpretación de la Constitución y de las leyes que rigen el país. Está compuesta por 11 ministros nombrados por el presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Diputados.

Desde el 1 de enero de 2023, Luis Inacio Lula Da Silva (Partido de los Trabajadores-PT) ocupa la presidencia de Brasil, habiendo ganado en ballotage frente al oficialista Partido Liberal (PL). Lula llegó a su tercer mandato luego de un interregno, forjando una amplia alianza que convocó a espacios de todo el espectro político con el objetivo de restituir las libertades democráticas, muy amenazadas desde la destitución de Dilma Roussef.

Jair Bolsonaro, predecesor de Da Silva, ocupó la presidencia sólo por un período (2019-2022) y su ascenso se generó en un contexto político muy convulsionado luego de la destitución de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Da Silva y fuertes denuncias de corrupción que afectaron también a Michel Temer, quien  supo ser vicepresidente de Roussef y ocupar luego un rol central en su destitución.  

  • Contexto Económico

La economía de Brasil es la doceava más grande del mundo y la máyor tamaño de América Latina (Banco Mundial, 2021). La evolución reciente es similar al resto de la región, presenta altos niveles de volatilidad, y desde el año 2015 combina años de crecimiento (en 2017 creció 1,3%, en 2019 1,3%, en 2021 en la recuperación de la pandemia 4,6%, en 2022 3% y 2,9% en 2023) y otros de fuerte caída (en 2015 cayó – 3,5%, en 2016 -3,3%, en 2018 -1,3% y en 2020 -3,9%). En total, comparada con el año 2014 la economía brasileña se contrajo un 5%.

Las principales exportaciones la constituyen productos primarios sin procesar, en los que presenta una canasta diversificada que abarca desde agroalimentos (soja, azúcar y carne bovina congelada), minería (hierro) e hidrocarburos (petróleo crudo). Constituye el primer exportador mundial de alimentos y sus principales socios comerciales son China, EE.UU., Argentina, Países Bajos y Canadá. Si se considera la Unión Europea en su conjunto, constituye el primer socio comercial. 

La fuerte inserción como exportador de materias primas es una de las principales causas de problemas ambientales del país, en especial la deforestación. Brasil es el principal exportador mundial de soja a nivel mundial, pero esto tiene como contrapartida una fuerte degradación ambiental que se profundizó durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Asimismo, este último dato se complementa además con una gran intensidad en la utilización de agroquímicos. En 2020, Brasil fue el mayor importador mundial de Pesticidas Fertilizantes minerales o químicos mixtos, Malta, Fertilizantes fosfáticos y Derivados de hidrazina e hidroxilamina según datos que surgen de comtrade.

La deforestación en Brasil es un grave problema ambiental que afecta a la mayor selva tropical del mundo y a su biodiversidad. Según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la deforestación en la Amazonía brasileña aumentó un 9,5% entre agosto de 2019 y julio de 2020, alcanzando los 11.088 km², la cifra más alta en 12 años. Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, la deforestación ha aumentado un 39% interanual. Las principales causas de la deforestación son la conversión de las tierras para la agricultura y la ganadería, la explotación maderera, la minería ilegal y los incendios forestales. La deforestación tiene graves consecuencias para el clima, el ciclo del agua, la calidad del aire y los pueblos indígenas que habitan en la selva.

  • Contexto fiscal

Según el último informe de OCDE, la estructura tributaria de Brasil, a nivel Nacional está concentrada en solo tres impuestos que explican más del 60% de la recaudación. En 2020, las Contribuciones Sociales (26%) explicaban la mayor parte de los ingresos tributarios del país, le siguieron en importancia los impuestos generales sobre el consumo (COFINS, PIS) y el impuesto sobre la renta (IRPF e IRPJ). 

La Constitución Nacional de 1988 permitió que los estados brasileños tengan sus propios impuestos, y una asignación regular de la recaudación del gobierno federal. En general, los municipios son relativamente autónomos, tienen permitido tener su propia Constitución que es llamada la Ley Orgánica, cobrar impuestos y honorarios, mantener una Policía Municipal y aprobar leyes en cualquier materia que no contradigan al Estado o a la Constitución Nacional. Según un informe de la Receita Federal do Brasil, en 2020, 66,3% de la recaudación tributaria provenían de los tributos federales, 27% de tributos estaduales y 6,7% municipales. A nivel agregado, los impuestos a la renta significaron 22,5% del valor recaudado, los tributos sobre los bienes y servicios alcanzaron 43,7%. Los impuestos a la propiedad explicaron casi 5% del total recaudado. 

Durante el gobierno de Bolsonaro se anunció una propuesta de reforma tributaria que contemplaba mayores exenciones y reducciones en el impuesto sobre la renta en todos los rangos salariales y en el impuesto sobre la productividad y servicios. Solo a inicios del 2022, se vieron algunos cambios en las tasas impositivas y fórmulas de cálculo que afectaron al Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS). Con el fin de reducir los niveles de inflación, a fines de 2022 se creó un tope del 17%- 18% a la tasa del ICMS sobre las ventas de combustibles, gas natural y electricidad. También, se amplió la exención de impuestos tributarios que reciben los pastores evangélicos, la medida aprobada por el Internal Revenue Service (IRS) afecta directamente a la retribución que se paga a los líderes religiosos por sus servicios, denominada prebenda.

Recientemente, a principios de julio de 2023, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de reforma tributaria propuesta por el actual gobierno de Lula da Silva, la misma se discute en el país desde hace tres décadas. Todas las administraciones desde la de Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) intentaron impulsar pero no consiguieron los votos suficientes en el Congreso. Si bien aún falta que sea aprobado por la Cámara de Senadores, el proyecto de Ley recibió en esta instancia el primer aval. Al tratarse de una enmienda constitucional, necesita una segunda votación de los diputados antes de pasar al Senado.

La reforma busca simplificar el sistema tributario, unificar diversos impuestos cobrados por las administraciones nacional, regionales y municipales. Se crea el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), que unifica los cinco tributos que son cobrados en la actualidad sobre el consumo, dos de los tres gravámenes cobrados por la administración nacional (IPI, PIS y Confins), uno de responsabilidad de los gobiernos regionales (ICMS) y otro que se envía para financiar a las alcaldías (ISS).

El Gobierno federal sería el encargado de recaudar los ingresos provenientes del nuevo IVA y distribuiría parte de la recaudación a las regiones y municipios con la creación de un fondo especial. 

El proyecto también incluye exenciones sobre de impuestos sobre los productos de la canasta familiar y contempla la aplicación de un impuesto «selectivo» sobre la producción, comercialización e importación de productos declarados como perjudiciales para la salud y el ambiente, como son el alcohol, el tabaco, las bebidas gaseosas y los agrotóxicos.

En materia de progresividad tributaria, los indicadores de la Tabla 1 muestran que Brasil dicha progresividad, ya que la incidencia de los tributos a la propiedad alcanzaron 1,62% del PIB, muy por debajo de los niveles de Argentina (2,91% del PIB), y levemente inferior a las tasas que muestran los países de la OCDE (1,9% prom.).

Un indicador vinculado con la progresividad o regresividad, es la tasa de utilidad y ganancias sobre el capital en porcentaje del PIB. En los últimos años, Brasil viene incrementando la participación de los tributos asociados a la utilidad y ganancias sobre el capital. En 2022 estos tributos aportaron el 9,18% del PIB, por encima del promedio del periodo 2016-2019 (7,2% del PIB) y casi 3 puntos porcentuales por debajo a las tasas promedio que muestran los países de la OCDE (12% prom.). Otro indicador a destacar es la existencia de un Impuesto sobre dividendos, si bien la mayoría de los países de la región cuentan con este tributo como en Argentina, Bolivia, México, Uruguay, entre otros, no es el caso de Brasil que hasta el momento no cuenta con un Impuesto sobre los dividendos.

Por último, Brasil, al igual que en otros países de la región, se enfrenta a una cuestión clave relacionada con los gastos tributarios, que abarcan exenciones, deducciones, tasas impositivas más bajas y regímenes fiscales especiales. A lo largo de las últimas décadas, las naciones latinoamericanas han utilizado estos instrumentos con el propósito de lograr diversos objetivos, como atraer inversión extranjera, estimular el ahorro, impulsar el crecimiento de los mercados financieros, fomentar el desarrollo en áreas menos desarrolladas y promover la industrialización, entre otros. No obstante, es esencial reconocer que la eficacia y eficiencia en la consecución de estos objetivos múltiples no ha sido evaluada de manera adecuada, lo que ha conducido a una disminución de las bases impositivas y a un coste considerable en términos de recaudación fiscal.

En cuanto a la medición de estos gastos tributarios, es importante mencionar que existen diferencias en los enfoques metodológicos empleados por los países de la región, lo que dificulta la comparación entre ellos. Según datos de CIAT, los gastos tributarios en porcentaje del PIB de la región oscilan entre el 1,3% y el 8,6%, dependiendo del país analizado. La tabla 1, muestra que Brasil se sitúa en un nivel ligeramente inferior al promedio de la región (3,6%), con gastos tributarios que equivalen al 3,3% del PIB. Al desglosar el total se observa que gran parte del gasto tributario se ejecuta sobre el impuesto al consumo – IVA (0,8% del PIB), el impuesto sobre las rentas de personas (0,9% del PIB) y de empresas (0,6% del PIB).

  • Transparencia y riqueza offshore

Brasil es un país con una relativamente baja proporción de riqueza off shore (6,2%), tanto respecto al promedio de Latinoamérica (18,13%) como a los países de la OCDE (10,54%). Brasil se ubicó en 2007 en el decimotercer lugar del ranking de países con mayores fondos en paraísos fiscales sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de cada país. 

Uno de los casos que resultó muy resonante e involucra a funcionarios públicos fue el caso del ex-Ministro de Economía, Paulo Guedes, titular de una offshore incluida en los Pandora Papers. Guedes creó en 2014 la empresa Dreadnoughts en las Islas Vírgenes, la cual seguiría operando hasta la actualidad.

Otro de los casos resonantes fue el vinculado con Eduardo Cunha, João Santana y Mônica Moura, entre otros. Eduardo Cunha fue un influyente político brasileño y expresidente de la Cámara de Diputados. En 2016, fue condenado por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Cunha mantenía cuentas bancarias secretas en Suiza a través de estructuras offshore, las cuales fueron utilizadas para recibir sobornos relacionados con el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras. Este fue uno de los casos que resaltó la necesidad de mayor transparencia fiscal en el país.

Por último, João Santana y Mônica Moura, publicistas brasileños que trabajaron en campañas políticas para varios partidos, incluido el Partido de los Trabajadores (PT). En 2017, fueron condenados por lavado de dinero y evasión fiscal. Se descubrió que utilizaron cuentas bancarias offshore en Suiza para recibir pagos ilegales relacionados con contratos de campañas políticas. Este caso puso de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión y control en el financiamiento de campañas políticas en Brasil.

  • Situación social y desigualdad

En términos sociales, Brasil es una sociedad con un alto grado de desigualdad, aún en comparación con América Latina: mientras que el Coeficiente Gini brasilero alcanza 0,52 el del promedio de América Latina es 0,44, según los datos más recientes. Asimismo, el 1% más rico de la población se apropia del 19,74% de la renta, mientras que en América Latina el promedio es del 20,44%. 

Una mención  especial merece la desigualdad en términos raciales. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), los afrodescendientes representan el 54% de la población, y de acuerdo con el estudio “Desigualdades Sociales por Color o Raza” (IBGE,2022), la proporción de personas pobres en el país era de 18,6 % entre los blancos, de 34,5 % entre los negros y de 38,4 % entre los mestizos, tomando en cuenta las líneas de pobreza del Banco Mundial. Gran parte de la desigualdad se debe principalmente a la discriminación racial, el acceso limitado a la educación y los empleos de calidad, así como la falta de oportunidades económicas. Por ejemplo, un estudio reciente del Banco Mundial encontró que el ingreso promedio de los brasileños blancos es de aproximadamente el doble del ingreso promedio de los brasileños negros (Moura, 2019). Además, el acceso a la educación y los empleos de calidad también es desigual entre los brasileños blancos y negros. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el 56% de los brasileños blancos tienen un título universitario, en comparación con el 24% de los brasileños negros (“Desigualdad étnica en Brasil”, 2019). Esta brecha se ha profundizado aún más durante la pandemia de COVID-19, ya que no sólo la enfermedad afecto en mayor medida a la población negra, sino muchos brasileños negros han perdido sus empleos debido a su mayor vulnerabilidad a los efectos económicos de la pandemia. 

En términos de evolución, respecto de la situación de los sectores de menores ingresos su situación relativa mejoró sustancialmente a partir de las medidas implementadas en los primeros dos mandatos de Lula, que aunque experimentaron un retroceso durante la gestión de Roussef y un parcial desmantelamiento durante el gobierno Temer y el bolsonarismo, sentaron una base de derechos para la población más vulnerable.  En 2003, cuando asume la primera presidencia Lula la participación en el ingreso del 10% más pobre era de 0,8% y al asumir Dilma Rousseff se encontraba en 1,1%.  En el primer año de mandato de Bolsonaro (2019) llegó a 0,9%, aunque durante el 2020 debido a las numerosas políticas de transferencias implementadas durante la pandemia y gracias al efecto de caída relativa de ingresos llegó a 1,6%. Estos datos sin embargo deben ser matizados con lo correspondiente a la apropiación del crecimiento por parte de los diversos sectores económicos ya que el 10% más rico acapara el 61% del crecimiento económico.

Según Oxfam internacional, durante los primeros dos mandatos de Lula, 28 millones de personas salieron de la situación de pobreza, reduciéndose a menos del 10% de la población. Entre las principales políticas de lucha contra la pobreza se destacan el Programa Hambre Cero, que a partir de 2003 se englobó en el Programa Bolsa Familia (PBF), representando este último la política pública de lucha contra la pobreza de mayor alcance en todo el mundo. El PBF constituye una transferencia monetaria condicionada a hogares de bajos ingresos con hijos e hijas menores, cuyo cobro requiere la escolarización y atención de la salud de las y los menores a cargo. 

Luego de 10 años de implementación (2013), se beneficiaron del PBF 55 millones de personas o 12 millones de familias (el 27% de la población de Brasil). Al asumir Jair Bolsonaro, en 2018 redujo los fondos, quitó el beneficio a un millón de familias y limitó el ingreso de nuevos solicitantes. Sin embargo, en 2020, en el contexto de pandemia no sólo restableció sino que amplió los programas de transferencia y como resultado, 13,8 millones de familias se beneficiaron del PBF para marzo de dicho año, con un desembolso medio de 34 dólares estadounidenses al mes. En 2021, en el momento más bajo de su popularidad y enfrentándose al inicio del año electoral.  Bolsonaro transformó el PBF en Auxilio Brasil. A contramano de su discurso liberal elevó el total de familias beneficiadas a 17  millones y aumentó en un 20% el valor concedido, hasta un mínimo de 400 reales mensuales (US$ 70 dólares) por familia. El Banco Mundial señala que en su primera década de funcionamiento, “Bolsa Familia logró reducir a la mitad la pobreza en Brasil”.  

En términos de igualdad de género, las mujeres brasileñas sólo tendrán equiparación salarial con hombres en 2047. Seis brasileños, todos hombres, concentran la misma riqueza que toda la mitad más pobre de la población, más de 100 millones de personas. Asimismo, la desigualdad está fuertemente racializada y de continuar con el ritmo actual, recién en el año 2087 los afro brasileros cerrarán la brecha con la población blanca solamente en 2089. (Oxfam, 2022). 

Los derechos reproductivos de las mujeres en Brasil están limitados, en gran parte debido a la influencia política de grupos cristianos radicales o extremistas que cuentan con organización partidaria y fuerte presencia en el parlamento que bloquean los intentos de reforma. La interrupción Voluntaria del Embarazo esta prohibida salvo en casos de violación, inviabilidad del feto o peligro para la vida de la gestante. La desigualdad de género en este punto, tiene además una gran interseccionalidad con la raza/etnia, la pobreza y vulnerabilidad: de las 52 mil violaciones denunciadas en 2021, 37 mil (más del 70%), comprende a personas consideradas incapaces de consentir el acto sexual, e incluye a menores de 14 años (Sistema Único de Salud), Además, aunque el aborto sí este permitido en este rango etario (ya que el codigo penal lo considera una violación), la falta de accesos y el estigma social es una problemática en sí misma: por cada ILE en niñas de 10 a 14 años, hay 11 ingresos de emergencia por abortos espontáneos o complicaciones resultantes de abortos ilegales.