Resumen ejecutivo

  • El objetivo de este documento es dar cuenta de la estructura socioeconómica, protección social y fiscal de Chile, características, participación y evolución de los principales indicadores económicos, sociales y fiscales, vinculando con el contexto político reciente.
  • En términos de desigualdad, Chile se encuentra ligeramente mejor que el promedio de América Latina, considerando el coeficiente de Gini (0,43 vs 0,44). La participación en el ingreso del 10% peor remunerado es del 2,30% en Chile, superior al 1,83% promedio de América Latina. Sin embargo, al comparar con la OCDE (0,32), Chile muestra una mayor desigualdad.
  • El 1% más rico en Chile se apropia del 23,66% del ingreso total, superior al promedio de América Latina (20,44%) pero inferior al promedio de la OCDE (27,47%).
  • La recaudación tributaria de Chile está diversificada entre varios impuestos. Los impuestos generales sobre bienes y servicios (que incluyen el IVA) representan el 9,34% del PIB, mientras que el impuesto a las corporaciones y empresas es del 5,70% del PIB.
  • Chile cuenta con un sistema tributario con elementos regresivos, dado que cuenta con impuestos a la propiedad que alcanzaron 0,84% del PIB, por debajo del promedio de la OCDE (1,90%). Por su parte, la tasa de utilidad y ganancias sobre el capital como porcentaje del PIB chileno es del 10,50%, superior al promedio de América Latina (6,49%) pero inferior al de la OCDE (12,00%).
  • Chile destina a gasto social 24,90% del PIB, casi 5 puntos porcentuales por encima de los niveles de los países latinoamericanos (20,00%) y superior al promedio de los países de la OCDE (s.d.).
  • En términos de acceso a la educación, la tasa neta de finalización secundaria superior es del 92,75%, por arriba del promedio de América Latina (64,60%) y cercana a los valores que muestran los países de la OCDE (95,19%). En términos de financiamiento educativo, en 2022 alcanzó el 4,04% del PIB, ligeramente por debajo del promedio de los países latinoamericanos (4,48%).
  • Desde un enfoque de género, el índice de feminidad de la pobreza en área urbana es de 131,70, superior al promedio de América Latina (120,80), lo que indica una mayor incidencia de la pobreza en mujeres. El Índice Global de Brecha de Género es de 0,78, mejor que el promedio de América Latina (0,74) pero inferior al de la OCDE (0,77).
  • Con respecto a los gastos tributarios, Chile tiene un nivel relativamente bajo en comparación al promedio de la región (3,6%), con gastos tributarios que equivalen al 2,3% del PIB. Al desglosar el total se observa que gran parte del gasto tributario se ejecuta sobre el Impuesto sobre rentas de empresas (1% del PIB),  el Impuesto al consumo – IVA (0,9% del PIB) y el impuesto sobre las rentas de las personas (0,4% del PIB).
  • En términos de transparencia y riqueza offshore, Chile tiene un Índice de Secreto Financiero de 161, superior al promedio de América Latina (123). La riqueza financiera Offshore como porcentaje del PIB es del 17,20%, superior al promedio de América Latina (13,99%) pero inferior al de la OCDE (40,54%).

  • Contexto político

La estructura política en Chile es Republicana, Democrática y Representativa, es decir, que está dividida en 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Estado chileno se divide en 15 regiones, subdivididas en 54 provincias y éstas en 346 comunas. El Poder Ejecutivo está en manos del presidente de la República, el cual es elegido mediante el sufragio y su periodo en el cargo es de 4 años, sin contar con el derecho de reelección inmediata.

El Poder Legislativo se concentra en el Congreso de la Nación, es el órgano que cumple las funciones de fiscalizar y legislar. Su composición es bicameral, la Cámara de Senadores está compuesta por 50 miembros y la Cámara de Diputados por 155 miembros. Por último, el Poder Judicial es independiente y autónomo, se encarga de  la administración de la justicia. Está compuesta por la Corte Suprema y por 21 miembros, los cuales son nombrados por el presidente con acuerdo del Senado. 

Las protestas sociales que iniciaron en 2006 y llegaron a su cúlmine en el año 2019 representaron un punto de inflexión en el sistema político chileno. Desde el regreso democrático de 1990, todos los gobiernos estuvieron encorsetados por las limitaciones de la Constitución Pinochetista. El sistema de partidos políticos penduló desde 1990 y hasta la conformación del Frente Amplio, entre la coalición referenciada como de Centro Izquierda Concertación de Partidos por la Democracia y la denominada Renovación Nacional de tendencia conservadora. Este último, posteriormente pasó a denominarse Coalición por el Cambio al incorporar un conjunto de partidos de tendencia económica liberal y de derecha ideológica. 

En octubre de 2019, millones de personas salieron a las calles a protestar contra la desigualdad y el modelo neoliberal y pidiendo una nueva constitución. Las demandas sociales respecto de la desigualdad social y las críticas al proceso de transición democrática derivaron en el proceso constituyente y la elección del actual presidente Boric quien gobierna desde el 11 de marzo de 2022. En octubre de 2020, se había realizado un plebiscito donde el 78% de los votantes aprobó la redacción de una nueva Constitución que reemplace a la actual. Para ello, se eligió una Convención Constitucional compuesta por 155 ciudadanos elegidos por voto popular, con paridad de género y representación de pueblos originarios.

La Convención Constitucional inició sus sesiones en julio de 2021 y tiene un plazo de nueve meses, prorrogable por tres más, para elaborar el texto de la nueva Carta Magna, que deberá ser ratificado por otro plebiscito con voto obligatorio. El proceso ha estado marcado por tensiones entre las distintas fuerzas políticas que integran la Convención, así como por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de COVID-19.

Además del proceso constituyente, otro cambio político relevante en Chile fue la elección presidencial de diciembre de 2021, donde resultó ganador el candidato de izquierda Gabriel Boric, con el 55,86% de los votos, frente al candidato de derecha José Antonio Kast, con el 44,14%. Boric, un joven diputado surgido del movimiento estudiantil, se convirtió en el presidente electo más joven de la historia de Chile y prometió impulsar una transformación profunda del país, con medidas como aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, poner fin al actual sistema de pensiones y reformar el sistema de salud.

Ese mismo año, se llevaron a cabo elecciones para seleccionar a los 155 miembros de la convención encargada de redactar una nueva constitución, destinada a reemplazar la vigente desde la dictadura militar. La constitución actual ha sido objeto de críticas por su énfasis en los derechos de propiedad privada, incluyendo los recursos naturales, y su falta de garantías de bienestar social. En 2022, se redactó un nuevo proyecto de constitución, pero fue rechazado por el 62% de los votantes.

En enero de 2023, el Congreso alcanzó un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constitucional, esta vez con la participación de un Consejo de 50 delegados electos y 24 expertos. El nuevo texto constitucional fue aprobado por el Consejo el 30 de octubre y sometido a referéndum el 17 de diciembre. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por un margen de 12 puntos, con un 56% del electorado votando en contra y un 44% a favor, reflejando la polarización política y las divisiones sociales del país.En principio, parecería poco probable que el gobierno de Boric reinicie inmediatamente el proceso de reforma constitucional, ya que se enfocará en otras prioridades como la delincuencia y la inmigración.

  • Contexto económico

En términos macroeconómicos, la economía Chilena suele ser descrita como una de las más pujantes de América Latina, de hecho en función del PBI per cápita (US$ 18.592 en términos nominales y US$ 27.058 en paridad de poder adquisitivo) el Banco Mundial lo clasifica como país de ingresos alto. A contramano de la región, desde el año 2000 la economía chilena experimentó un ciclo ininterrumpido de crecimiento con la excepción del 2009 y el año de la pandemia, 2020.  Sin embargo, como contrapartida de este proceso de crecimiento destacan las imposibilidades estructurales para reducir en la misma magnitud la desigualdad.

Las exportaciones están principalmente centradas en productos primarios: cobre (51,8%), pescado (3,5%), albaricoques, cerezas y melocotones (2,6%) y como productos procesados: pulpa de celulosa química (2,8%) y vino (2,5%). Sus principales socios comerciales son China, EE.UU, Japón, Corea del Sur y Brasil. 

En 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile experimentó una contracción del 0,5%, atribuida a la debilidad de la demanda interna y a condiciones crediticias restrictivas, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, se espera una recuperación económica en los próximos años, con proyecciones de crecimiento del 1,6% para 2024 y del 2,3% para 2025. Este repunte anticipado se basa en las expectativas de un aumento en los salarios reales, una reducción de los tipos de interés y una sostenida demanda mundial de exportaciones de minerales.

Desde una perspectiva presupuestaria, el déficit reapareció en 2023 como resultado de la desaceleración económica y la caída en los precios de las materias primas. Esto llevó a una disminución en la recaudación tributaria y un incremento en los costos de financiación. A pesar de la eliminación gradual de los estímulos relacionados con el COVID-19 en 2022, el déficit presupuestario aumentó al 3,4% del PIB en 2023, superando la previsión del FMI de -2,3%. La reciente aprobación de una nueva ley de cánones mineros en mayo de 2023, que se espera genere ingresos equivalentes al 0,45% del PIB anualmente, refleja los esfuerzos del gobierno para fortalecer los ingresos fiscales en medio de estos desafíos económicos.

La deuda bruta de las Administraciones Públicas también mostró una tendencia al alza, alcanzando el 38,4% del PIB en 2023 y proyectándose que aumente al 42,4% para 2025. Paralelamente, la inflación se elevó al 7,8% en 2023, muy por encima del objetivo establecido. No obstante, se prevé que las medidas adoptadas para combatir las presiones inflacionarias reduzcan la inflación al 3,6% en 2024 y la estabilicen en un 3% en 2025. Las políticas monetarias, aunque limitadas, se ajustarán prudentemente para mitigar los riesgos inflacionarios y sostener el crecimiento económico.

El sector agrícola, que contribuye con el 3,5% del PIB y emplea al 7% de la población activa, sigue siendo vital para la economía chilena. Las exportaciones de frutas, hortalizas y vino han alcanzado niveles récord gracias a estrategias implementadas en los años noventa, orientadas hacia mercados europeos, norteamericanos y asiáticos. En tanto, el sector industrial, que incluye la minería y la manufactura, aporta el 32% del PIB y emplea al 23% de la población activa. Chile es el mayor productor mundial de cobre, lo que hace de la minería uno de los pilares de su economía.

El sector servicios, representando el 54,3% del PIB y empleando a cerca del 70% de la población activa, ha mostrado un crecimiento constante en las últimas décadas. Este crecimiento ha sido impulsado por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a la educación y el aumento de la cualificación de la mano de obra. Entre los sectores de servicios que más han crecido se encuentran el turismo, el comercio minorista y las telecomunicaciones.

  • Contexto fiscal

Según el último informe de OCDE, la estructura tributaria de Chile está concentrada en solo dos impuestos que explican más de 65% de los ingresos tributarios que recauda la administración tributaria nacional o Servicios de Impuestos Internos. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) explica la mayor parte de los ingresos tributarios, en el año 2020 representó el 41% del total de los ingresos tributarios nacionales. Le siguió en importancia el Impuesto sobre la Renta de Sociedades que aportó el 24% del total. Al tratarse de un país unitario, Chile también cuenta con tributos provinciales o municipales que recauda la administración tributaria subnacional, entre los tributos más importantes se encuentra el Impuesto Territorial, Patente municipal, Permisos de circulación y Derechos municipales entre otros.  

El IVA es un impuesto indirecto que grava la venta de los bienes y servicios efectuados por empresas comerciales, industriales, mineras y de servicios. La alícuota actual alcanza el 19%, se aplica sobre la base imponible de ventas y servicios con algunas excepciones, por ejemplo la educación, transporte público y salud pública. En general, se considera un tributo regresivo dado que afecta a los consumidores finales por igual y no distingue por rango de ingresos.

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de Sociedades grava las rentas provenientes de empresas comerciales, industriales, mineras, entre otras. La tasa general del tributo es 25% se aplica a cualquier renta clasificada en la primera categoría. Se considera un tributo proporcional no progresivo porque no cumplen una función de redistribución de la renta y siempre se aplica la misma alícuota sin importar el beneficio.

En efecto, los indicadores de la Tabla 1 muestran que Chile cuenta con un sistema tributario regresivo. En los últimos años, la incidencia de los tributos a la propiedad alcanzaron 1,11% del PIB, muy por debajo de los niveles de Argentina (3,25% del PIB) e incluso inferior a las tasas que muestran los países de la OCDE (1,8% prom.).

Otro indicador vinculado con la progresividad o regresividad, es la tasa de utilidad y ganancias sobre el capital en porcentaje del PIB. En los últimos años, Chile viene perdiendo participación de los tributos asociados a la utilidad y ganancias sobre el capital. En 2020 estos tributos aportan 6,25% del PIB, niveles por debajo del promedio del periodo 2016-2019 (7,1% del PIB) y 5 puntos porcentuales por debajo a las tasas promedio que muestran los países de la OCDE (11,3% prom.)

Con respecto a los cambios recientes en materia tributaria, en julio del año 2022, el gobierno de Chile presentó un proyecto de reforma tributaria con el objetivo de aumentar la recaudación en 4.1% del PIB en 2026, lograr un sistema tributario más equitativo y progresivo con una mejor distribución de las riquezas, elevando el aporte del 3% de mayores ingresos, reduciendo la elusión y evasión de impuestos y promoviendo la preservación del medio ambiente. Dentro de los principales cambios que presenta la reforma tributaria se considera la reestructuración del impuesto a la renta, creación del impuesto a la riqueza y el royalty a la minería del cobre y litio.

Con respecto al impuesto a la renta, la reforma tributaria propone aumentar las tasas marginales del impuesto a la renta que recae sobre los ingresos de los trabajadores. De esta forma, las personas que tienen ingresos mensuales superiores a $4 millones, deberán tributar una tasa marginal máxima de 43%, similar a la alícuota promedio de la OCDE. En este mismo sentido, se crea un impuesto a las rentas del capital de 22% aplicado sobre los dividendos o retiros efectuados desde una empresa. Las personas chilenas o residentes extranjeros de países sin convenio de doble tributación podrían reliquidar sus tributos incorporando el dividendo a la base de su impuesto global complementario. Con este diseño, la tributación total de los dividendos, considerando impuesto de primera categoría (impuesto a las empresas) e impuesto a las rentas del capital, no será superior a 43%, ubicándose en la mediana de la OCDE y siendo igual a la tasa marginal máxima del impuesto a la renta de personas.

La reforma tributaria también incluye un impuesto a la riqueza que se aplicará a todas las personas con residencia en Chile por su patrimonio, tanto en Chile como en el extranjero, que exceda los 5 millones de dólares. Este concepto abarca activos como vehículos, bienes raíces, participación en sociedades, portafolios de inversiones e instrumentos financieros tanto en Chile como en el exterior. El proyecto de ley propone un tributo a la riqueza de 1% sobre los patrimonios entre 4,9 millones de dólares  y 14,7 millones de dólares, y una tasa de 1,8% para los patrimonios superiores a 14,7 millones de dólares.

Por último, se establece un nuevo royalty minero híbrido que combinará (a) un componente sobre las ventas que oscila entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50 y 200 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF), y entre 1% 4% para aquellos con más de 200 mil TMCF, y (b) un componente sobre la renta minera, con tasas progresivas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y cinco dólares la libra. Las tasas serán crecientes a medida que aumenta el precio del cobre, por lo que el impuesto crecerá a medida que aumentan las rentas económicas en el sector.

El gobierno actual enfrenta un año marcado de desafíos asociados al nuevo Pacto Fiscal. Chile enfrenta una significativa incertidumbre debido a la prolongada discusión y constantes cambios en materia tributaria durante la última década. Entre los principales cambios se destacan la reforma del impuesto sobre rentas personales y el impuesto a la retención de dividendos.

La reforma del impuesto sobre rentas personales es central en el Pacto Fiscal. Esta reforma implica un aumento de la tasa impositiva del impuesto global complementario y el impuesto de segunda categoría para quienes perciben ingresos de 50 Unidades Tributarias Anuales (UTA) o más, así como la modificación de los tramos del impuesto a la renta, extendiendo el número de contribuyentes en el tramo más alto. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, estas medidas podrían generar un aumento del espacio fiscal del orden del 2,4% del PIB. Sin embargo, el gobierno estima que este aumento en la recaudación no cubrirá las necesidades de gasto adicional hasta 2030, generando un déficit entre gastos e ingresos permanentes durante los próximos seis años. La finalidad de estas modificaciones es incrementar los ingresos estructurales en el equivalente a 0,6% del PIB al año 2027, permitiendo cubrir el déficit generado por el mayor gasto fiscal .

En cuanto a la reforma del impuesto a las empresas, el gobierno ha propuesto reducir la tasa del impuesto de primera categoría aplicada a las rentas provenientes del capital, de un 27% a un 25%, con el objetivo de reducir la brecha con la tasa promedio de los países de la OCDE, situada en 23,6%. Aunque esta medida busca aumentar la competitividad tributaria de Chile y atraer inversiones, también representa una pérdida en la recaudación estimada en 0,15% del PIB por cada punto porcentual reducido. Para mitigar esta pérdida, se propone gravar los dividendos que reparten las empresas, con la posibilidad de utilizarlos como crédito al impuesto final de la persona, amortiguando así la menor recaudación del impuesto de primera categoría.

El ejecutivo también ha propuesto desintegrar el sistema tributario actual, transitando del sistema semi-integrado a uno dual, separando la tributación a nivel corporativo de la tributación de las rentas del capital e incorporando un impuesto a los dividendos que tributan de forma anticipada. Esta desintegración podría distorsionar la equidad horizontal y fomentar el endeudamiento de las empresas frente al financiamiento por capital. Por lo tanto, se considera necesario avanzar hacia un sistema que elimine las discriminaciones entre contribuyentes que perciben rentas del capital o del trabajo, apelando a una igualdad horizontal y evitando incentivos a la deuda sobre el financiamiento de capital .

Por otro lado, en lo que respecta a los gastos tributarios, Chile, al igual que en otros países de la región, financia un nivel considerable de gastos tributarios que abarcan exenciones, deducciones, tasas impositivas más bajas y regímenes fiscales especiales. En cuanto a la medición de estos gastos tributarios, es importante mencionar que existen diferencias en los enfoques metodológicos empleados por los países de la región, lo que dificulta la comparación entre ellos. Según datos de CIAT, los gastos tributarios en porcentaje del PIB de la región oscilan entre el 1,3% y el 8,6%, dependiendo del país analizado. La tabla 1, muestra que Chile se sitúa en un nivel ligeramente inferior al promedio de la región (3,6%), con gastos tributarios que equivalen al 2,3% del PIB. Al desglosar el total se observa que gran parte del gasto tributario se ejecuta sobre el Impuesto sobre las rentas de empresas (1,0% del PIB), el impuesto al consumo – IVA (0,9% del PIB) e impuesto sobre las rentas de personas (0,4% del PIB).

  • Transparencia y riqueza offshore

El proceso de globalización financiera reciente ha contribuido al desarrollo de la interconexión entre países. Los agentes económicos han adquirido la posibilidad de mover sus activos hacia territorios con baja tributación o nula ocultándose de los registros fiscales de su país de origen (convirtiéndose de esta manera en riqueza offshore). 

Los paraísos fiscales son territorios o jurisdicciones de secreto financiero, son lugares que proporcionan deliberadamente una ruta de escape para personas o entidades que viven y operan en otros lugares. Estos países ofrecen incentivos fiscales, por ejemplo, cero impuestos sobre el ingreso de las ganancias de capital, para atraer dinero de otros países. Además, los protegen de los impuestos, las leyes penales, las regulaciones financieras, la transparencia u otras restricciones que no les gustan. El objetivo principal de la planificación fiscal consiste en trasladar ganancias y capitales al exterior hacia países de baja tributación.

Con respecto a un caso reciente chileno de utilización de cuentas offshore en paraísos fiscales salió a la luz en el año 2021. En ese año, la Fiscalía de Chile abrió una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, uno de los políticos involucrados en los Pandora Papers, involucrado en generar movimientos de recursos financieros en paraísos fiscales, por el caso de la venta del proyecto minero Dominga. En 2010, se observan presuntas irregularidades en la venta de acciones del proyecto minero Dominga, los documentos evidencian transferencia de ganancias desde Chile hacia las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizan la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependen de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. En ese mismo año, se creó un Fondo de Inversión con el nombre de los hijos de Piñera, se acordó la venta de su participación a la empresa de Carlos Délano (amigo de Piñera), acusado de financiamiento irregular a la política en Chile. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses, según fuentes periodísticas chilenas. 

La transparencia fiscal y la lucha contra la evasión y elusión tributaria han cobrado una relevancia significativa en Chile, especialmente con el creciente uso de jurisdicciones offshore para ocultar riqueza y evitar impuestos. Este fenómeno no solo erosiona la base tributaria del país, sino que también exacerba las desigualdades económicas. En 2024, varios casos emblemáticos de riqueza offshore han puesto en evidencia la magnitud y complejidad del problema en Chile. Según estimaciones del Banco Central de Chile (2024), la riqueza offshore de los chilenos podría ascender a más de US$80 mil millones. Esta cifra representa un porcentaje significativo del PIB del país y pone de manifiesto la importancia de abordar de manera efectiva la problemática de la evasión fiscal.

Uno de los casos más destacados en 2024 fue el de Penta, donde altos ejecutivos del grupo Penta fueron descubiertos utilizando una red de sociedades offshore para la triangulación de fondos y el pago de sobornos a políticos. Estas operaciones ilícitas no solo impactaron en la confianza pública en el sistema financiero chileno, sino que también subrayan la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión fiscal en el país.

En el ámbito corporativo, el caso Soquimich (SQM) es un ejemplo paradigmático de la utilización de estructuras offshore para la evasión fiscal. La empresa minera fue descubierta emitiendo facturas falsas y utilizando una red de empresas offshore para triangular fondos y evadir impuestos. Este caso no solo afectó la reputación de Soquimich, sino que también resaltó las deficiencias en el sistema de fiscalización y la necesidad de reformas profundas para combatir la evasión fiscal a gran escala en el sector minero chileno.

Los casos mencionados han tenido un impacto significativo en la opinión pública y en las políticas fiscales de Chile. Estos escándalos han puesto de manifiesto las prácticas corruptas y las lagunas en la legislación fiscal, lo que ha llevado al gobierno chileno a implementar medidas más estrictas para prevenir la evasión y elusión fiscal. La cooperación internacional y la adopción de normativas más rigurosas han sido fundamentales para abordar estos problemas, aunque queda mucho por hacer para asegurar una mayor transparencia y equidad en el sistema tributario.

En este mismo sentido, el informe de Tax Justice Network (TJN) menciona que en 2021, Chile perdió recursos tributarios a causa de la elusión y evasión fiscal de personas y empresas por 1.738,5 millones de dólares. De los cuales, más del 89% se deben a fraude fiscal corporativo (1.549 millones de dólares)  y casi el 11% restante se origina de una riqueza personal financiera offshore entre otros.

  • Situación social y desigualdad

En términos de desigualdad, Chile se encuentra en el promedio de América Latina, considerando el indicador del Gini (0,43). La participación del 10% remunerado es del 2,3% cuando en el promedio de América Latina es del 1,8%. Sin embargo, al comparar con la OCDE (organización de la que forma parte) Chile se transforma en el país de mayor desigualdad entre los de altos ingresos y es que a pesar de los progresos económicos, la realidad es que los frutos fueron apropiados principalmente por los sectores de mayores ingresos. El 1% más rico se apropia del 27% del producto, muy por encima de todos los países de América Latina con excepción de México. Además, este indicador tuvo una evolución desfavorable desde 1980 cuando era del 25%. Uno de los elementos que se citan para explicar este fenómeno es la ausencia de políticas públicas universales y un piso mínimo de derechos. 

La desigualdad en Chile tiene raíces históricas que se remontan al período colonial, pero se ha acentuado desde la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que impuso un modelo económico neoliberal que favoreció la concentración de la riqueza y el debilitamiento del Estado de bienestar. La desigualdad ha sido una de las principales causas del descontento social que estalló en octubre de 2019, con masivas protestas que exigieron cambios profundos en el sistema político, económico y social del país. Esta desigualdad tiene un fuerte aspecto racializado: según el último censo de población el 12,8% de la población se reconoce como parte de algún pueblo originario siendo el 9,9% autoreferenciados como parte del pueblo mapuche.  A partir de datos del Ministerio de Desarrollo Social chileno que cita IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas) el 30,8% de la población indígena es pobre en contraposición al 19,9% no indígena. Según el BID en «Desigualdades de Inversión Pública en Territorios con Alta Presencia Indígena en Chile» (2019) indica que en La Araucanía, la región que concentra la tercera parte de la población indígena es también la que tiene el mayor porcentaje de hogares con carencia de servicios básicos (14%). “El Estado gasta tres veces menos en las zonas con alta población indígena versus los territorios con baja población indígena”. 

Desde un enfoque de género, la pobreza es mayor en hogares monoparentales, que son generalmente liderados por una mujer: el 15,2% está en situación de pobreza; por sobre los hogares unipersonales (6%) y biparentales (9,2%). La brecha de ingresos entre varones y mujeres es del 21,1%

El movimiento de mujeres alcanzó un alto nivel de participación y organización en los últimos años, lo cual se cristalizó en el nuevo gobierno de Gabriel Boric con una mayoría de participación femenina, inclusive con la creación del ministerio de la Mujer. El actual presidente prometió en campaña impulsar la agenda feminista, inclusive en lo que respecta al aborto que sólo desde el año 2017 está permitido en caso de riesgo para la salud de la madre, violacion o inviabilidad del feto. 

El mercado laboral chileno ha enfrentado desafíos significativos, con una tasa de desempleo que alcanzó el 8,8% en 2023. Se espera que esta cifra se mantenga en torno al 9% en 2024, disminuyendo gradualmente al 8% en 2026. Las condiciones laborales se ven agravadas por niveles persistentes de desigualdad. Aunque las tasas de pobreza disminuyeron del 8% en 2020 al 4,8% en 2022, la desigualdad de ingresos sigue siendo una preocupación. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, se situó en 0,43 en 2022, según datos del Banco Mundial.

Estos indicadores subrayan la necesidad de esfuerzos políticos sostenidos para abordar las disparidades de ingresos y promover un crecimiento económico inclusivo. Con un PIB per cápita (PPA) de 29.935 USD en 2023, el más alto de América Latina según el FMI, garantizar una distribución equitativa de los beneficios económicos es fundamental para lograr un desarrollo sostenible y una cohesión social duradera. La política fiscal y las reformas estructurales jugarán un papel crucial en este proceso, apuntalando no solo el crecimiento económico sino también la equidad y la estabilidad social.