Resumen ejecutivo

  • El objetivo de este documento es dar cuenta de la estructura socioeconómica, protección social y fiscal de Costa Rica, características, participación y evolución de los principales indicadores económicos, sociales y fiscales, vinculando con el contexto político reciente.
  • En el año 2021, Costa Rica ingresó en la OCDE convirtiéndose en el miembro más reciente y el número 38°. Sin embargo sus indicadores difieren sustancialmente asemejándose más al resto de economías latinoamericanas. 
  • Costa Rica presenta desafíos en términos de desigualdad. El índice de Gini es de 0,47, superior al promedio de América Latina (0,44) y significativamente mayor que el promedio de la OCDE (0,32). El 10% más rico de la población se apropia del 35,70% de la renta, mientras que el 10% más pobre recibe apenas el 1,70% del ingreso total.
  • La estructura tributaria de Costa Rica muestra algunas particularidades. Los ingresos tributarios totales representan el 24,11% del PIB, ligeramente por encima del promedio de América Latina (22,07%), pero por debajo del promedio de la OCDE (30,34%). Los impuestos sobre los beneficios, las utilidades y las ganancias de capital como porcentaje del PIB alcanzan el 5,50%, inferior al promedio de América Latina (6,49%) y muy por debajo del promedio de la OCDE (12,00%).
  • En cuanto a la imposición sobre la propiedad, Costa Rica recauda el 0,50% del PIB, por debajo del promedio de América Latina (0,84%) y significativamente menor que el promedio de la OCDE (1,90%). Esto sugiere un potencial de mejora en la recaudación de este tipo de impuestos.
  • Costa Rica destina a gasto social el 11,70% del PIB, ligeramente por debajo del promedio de América Latina (13,00%) y considerablemente menor que el promedio de la OCDE (20,00%). En términos de protección social, el 56,20% de los adultos mayores cuentan con cobertura previsional, un porcentaje notablemente inferior al promedio de América Latina (75,40%) y al de la OCDE (93,48%).
  • En el ámbito educativo, Costa Rica muestra fortalezas. La tasa neta de finalización secundaria superior es del 77,71%, superando el promedio de América Latina (64,60%) y acercándose al promedio de la OCDE (85,39%). En términos de financiamiento educativo, Costa Rica invierte el 6,28% del PIB, superando significativamente el promedio de América Latina (4,48%).
  • En cuanto a los gastos tributarios, Costa Rica destina 4,2% del PIB a financiar exenciones y beneficios fiscales, superior al promedio de la región (3,6%).Al desglosar el total se observa que gran parte del gasto tributario se ejecuta sobre el impuesto al consumo – IVA (2,3% del PIB), el impuesto sobre las rentas de empresas (1,1% del PIB) y de personas (0,6% del PIB).
  • En cuanto a transparencia financiera, Costa Rica muestra un desempeño relativamente bueno con un índice de secreto financiero de 91, mejor que el promedio de América Latina (123). Sin embargo, es importante contextualizar que la región en general enfrenta desafíos en esta área. En términos de transparencia y riqueza offshore, del último informe de Tax Justice Network (TJN) se desprende que Costa Rica se encuentra bien ranqueado con relación a la región (91 y América Latina 123). Sin embargo, cabe destacar que se trata de una región sumamente mal posicionada y que Costa Rica pierde cada año 391 millones de dólares de recursos tributarios a causa de la elusión y evasión fiscal de personas y empresas.

 

  • Contexto político

La estructura política en Costa Rica es Republicana, Democrática y Representativa, la cual se rige por la Constitución decretada en noviembre de 1949. La organización política administrativa divide al país en 7 provincias, subdivididas en 81 cantones, y 470 distritos.

El funcionamiento administrativo está comprendido por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el poder Ejecutivo se encuentra el presidente Rodrigo Chavez  del Partido Progreso Social Democrático (PSD) quien venció en  segunda vuelta de las elecciones de abril de 2022 a José María Figueres del Partido Liberación Nacional (PLN). Por otro lado, el poder Legislativo, está representado por la Asamblea Legislativa, comprendida por 57 diputados que son elegidos cada cuatro años para representar a las 7 provincias y  pueden ser reelectos, pero no en períodos sucesivos. 

Por último, la Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Supremo del Poder Judicial, está integrada por 22 magistrados que son elegidos por la Asamblea Legislativa por un período de 8 años.

Durante la década de 1930, el gobierno de Calderón Guardia, en una alianza con el Partido Comunista y la Iglesia Católica, estableció las bases del Estado de Bienestar: creación de un sistema de seguridad social universal, salud, Código laboral y una Universidad Pública. Gran parte de este andamiaje de seguridad social persiste hasta el día de hoy. En 1948, con un alto grado de injerencismo norteamericano, surgieron una serie de protestas que derivaron en una guerra civil y finalmente una reforma constitucional donde el partido comunista quedó ilegalizado hasta 1975. 

Durante la época de la Guerra Fría, a partir de 1949, Costa Rica se alineó internacionalmente con los Estados Unidos. Se incorporaron en la constitución mecanismos políticos para continuar la persecución de los comunistas. Este mecanismo incluso resultó en que los comunistas fueran encarcelados y algunos incluso asesinados. Las víctimas más recordadas son las del asesinato en el Codo del Diablo, personas que fueron asesinadas después de la guerra de 1948 y cuyo crimen nunca fue resuelto. El temprano alineamiento con EEUU y la virtual eliminación de los movimientos socialistas y comunistas generaron un ambiente de estabilidad y tranquilidad relativa respecto a la región centroamericana donde las potencias se enfrentaron de manera indirecta. Además, el andamiaje del Estado de Bienestar no se desarmó y se mantuvo una estabilidad democrática (con proscripción) hasta la década de 1980 con la implementación del Neoliberalismo en toda la región. 

Hasta el siglo XXI, el poder se distribuyó entre dos fuerzas políticas: el Partido Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana (y sus predecesores ideológicos). En el S. XXI, movimientos políticos enmarcados en los progresismos latinoamericanos comenzaron a pujar por romper el bipartidismo.  Posteriormente a 2007, estos movimientos sociales generaron una de las oposiciones más notables que hubo en todo Centroamérica contra el Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos. En 2014, ganó las elecciones el progresista Luis Guillermo Solís Rivera del Partido Acción Ciudadana. 

La administración de Solís Rivera, implementó un plan de desarrollo denominado “plan de rescate” que tenía como objetivo “rescatar” a Costa Rica del estado de “doble polarización” al que había llegado tras seguir los “gobiernos de los partidos tradicionales” y que se enfoca integralmente desde cuestiones relacionadas a la  inclusión social, el género, la progresividad tributaria, seguridad, ambiente y reforma monetaria. Sin embargo, gran parte de las promesas no se cumplieron o fueron mucho menos ambiciosas (Accesa, 2018) a pesar de que se logró la reactivación económica, mediante la implementación de medidas económicas de corte heterodoxo. 

Rodrigo Chaves participó de los comicios con un partido nuevo, el Partido Progreso Social Económico fundado en el año 2018 y obtuvo el 52,85%. Las elecciones de 2022 estuvieron dominadas por un ambiente de fragmentación política donde 26 fórmulas se presentaron en los comicios. Chaves había sido funcionario de Organismos Internacionales y ex ministro de Hacienda, pero se presentó como un outsider y ganó impulsando propuestas de centro derecha y un discurso crítico a la política tradicional y la corrupción. Las elecciones que lo erigieron como ganador en segunda vuelta, presentaron la mayor tasa de ausentismo a nivel histórico (43%). La salida del Banco Mundial de Chaves estuvo empañada por varias acusaciones de acoso sexual que derivaron en una sanción por parte del organismo.

Las elecciones municipales de febrero de 2024 pusieron de manifiesto una realidad histórica en Costa Rica, el país se caracteriza por tener partidos políticos débiles y una ciudadanía desconectada. Ningún partido, político o movimiento puede considerarse un gran vencedor o perdedor en estas elecciones, donde se eligieron los representantes de los 84 municipios con la participación de 71 partidos políticos, incluyendo por primera vez a Monteverde y Puerto Jiménez. En un 10% de los centros de votación se implementó la prueba del voto electrónico. Cada proceso electoral municipal representa un desafío político y logístico nuevo y complejo, en constante evolución desde la reforma de 1998 que introdujo la elección popular de alcaldes.

Las elecciones recientes vieron la implementación de dos reformas significativas que alteraron sustancialmente los equilibrios de poder y las correlaciones de fuerzas en diversos cantones. En primer lugar, la reforma aprobada en 2022 limitó la reelección indefinida de alcaldes, resultando en la prohibición de la reelección en 46 cantones donde las autoridades ya habían servido dos o más períodos consecutivos, incluyendo casos destacados como el cantón central de San José.

En segundo lugar, se introdujo la reforma de paridad de género, que obliga a todos los partidos políticos a presentar listas de candidaturas con igual número de mujeres y hombres, tanto vertical como horizontalmente. Esta medida amplió significativamente la participación femenina en las elecciones municipales, resultando en la elección de 22 mujeres como alcaldesas, superando el récord anterior de 12 mujeres. A pesar del avance significativo logrado con la reforma de paridad, aún persisten desafíos y brechas que cerrar en términos de equidad de género en la política (OPA, 2024).

Además, cabe destacar que este proceso electoral fue menos compulsivo de lo esperado, con variables que respondieron más a dinámicas locales que nacionales. El abstencionismo aumentó en un 5% en comparación con la elección anterior. La erosión del sistema de partidos es evidente: los costarricenses, preocupados por la inseguridad, la delincuencia, la situación económica y el costo de vida, optaron por opciones más cercanas a su vida cotidiana y a la dinámica cantonal, en detrimento de los partidos nacionales y tradicionales. Además, los partidos locales experimentaron un crecimiento en votación.

  • Contexto económico

La economía costarricense es la décima segunda economía de América Latina. Actualmente, los sectores más dinámicos son el turismo, la agricultura y la exportación de equipos electrónicos y servicios. 

Las principales exportaciones de bienes la constituyen productos agrícolas tradicionales, como lo son el banano, el café, el azúcar, el cacao y la piña y especialmente la producción de café. En los últimos años, se diversificó la  producción hacia productos más mano de obra intensiva y con mucha más tecnología incorporada como flores y mini-vegetales. Los ingresos provenientes de la exportación de productos no tradicionales han superado en gran medida a los anteriores. 

El turismo es la industria con mayor crecimiento y desde inicios de la década de 2000 genera más divisas que cualquiera de los principales productos agrícolas de exportación. El principal socio comercial es Estados Unidos que nuclea el 40% del total de exportaciones.

En los últimos años, la economía venía ralentizando el crecimiento cada vez menos; mientras en 2017 creció 4,2%, y en 2019, 2,3%. En 2020, con la crisis del COVID-19 la producción se redujo un 4,1% , la mayor caída en 40 años. Para el 2021 la economía creció 7,8% y en 2022, 7,3%. En el año 2021, Costa Rica ingresó en la OCDE, convirtiéndose en el 38º país miembro de la Organización

Históricamente, los principales desafíos de la economía costarricense se relacionaron con la vulnerabilidad externa, como las presiones inflacionarias mundiales, el debilitamiento del crecimiento global y las condiciones de financiamiento más restrictivas. Desde el último trimestre de 2023, el tipo de cambio del colón costarricense respecto al dólar ha experimentado una considerable disminución. A principios de 2024, el dólar alcanzó un valor de 520 colones, similar al nivel observado en 2014. Diversos sectores como cámaras empresariales, zonas francas, el sector turístico, y ministerios como el MAG, PROCOMER, ICT y COMEX han expresado preocupaciones al Banco Central de Costa Rica sobre las consecuencias para el sector productivo del país. La apreciación del colón podría aumentar los costos de producción e incentivar la inversión extranjera, lo cual afecta negativamente a las operaciones en zonas francas.

Las pequeñas y medianas empresas turísticas en áreas periféricas enfrentan el riesgo de desaparecer debido a la disminución del poder adquisitivo y el aumento de los costos operativos. Esto reduce la competitividad del turismo costarricense en la región, ya que los costos más altos desalientan a los turistas en busca de opciones más económicas.

La política monetaria tiene repercusiones significativas en el sector empresarial y turístico. El presidente del Banco Central de Costa Rica ha defendido estos cambios como resultado de un modelo económico exitoso, pero ha sido criticado por algunos sectores. El Partido Liberación Nacional y otros críticos han cuestionado la política de tipo de cambio, argumentando que puede aumentar el desempleo si persiste una política monetaria que favorezca un colón depreciado.

El Vicepresidente, Stephan Brunner, ha generado controversia con sus comentarios sobre el tipo de cambio, enfrentándose a cámaras empresariales y exportadores. Sus declaraciones sugiriendo que las empresas deben reconsiderar la exportación si no son viables con el tipo de cambio actual han sido ampliamente repudiadas. Las cámaras empresariales las han calificado como incoherentes con la realidad económica y productiva del país (OPA, 2024).

Por su parte, el informe de la OCDE subraya la resistencia de Costa Rica frente a las crisis globales, atribuyendo este éxito a políticas económicas prudentes y una gestión eficaz de la inflación. Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, destaca que la rápida caída de la inflación ha protegido el poder adquisitivo de los hogares y ha sentado las bases para una política monetaria flexible (OCDE, 2024). Además, el informe enfatiza la importancia de una postura fiscal prudente, reflejada en la mejora del balance primario del gobierno y la contención del gasto público, conforme a la regla fiscal establecida.

El desempeño económico de Costa Rica durante 2023 superó las expectativas iniciales, con un crecimiento del 4,7% impulsado por sectores como la construcción y la manufactura bajo el régimen definitivo (IICE, 2024). Para el primer trimestre de 2024, se anticipa un crecimiento continuado, proyectándose entre el 4,23% y el 4,78%, apoyado por un sector externo robusto y mejoras en la productividad (IICE, 2024). Sin embargo, persisten riesgos como la volatilidad cambiaria y factores climáticos adversos, que podrían impactar negativamente en la estabilidad económica a corto plazo.

  • Contexto fiscal

Costa Rica cuenta con 191 tributos vigentes, los mismos tienen impacto nacional, sectorial y local. De acuerdo a la base de datos del Programa del Estado de la Nación (PEN), desde 1885 hasta la actualidad, el país aprobó en promedio 3 tributos por año. Sin embargo, hubo periodos en los cuales se registraron un mayor nivel de aprobación de tributos, como en las administraciones de Calderón Fournier 1990-1994 que aprobaron 29 impuestos, Rodríguez Echeverría 1998-2002 (22 impuestos) y Oduber Quirós 1974 y 1978 (22 impuestos). El poder Legislativo es el principal encargado de aprobar este tipo de leyes, de hecho, el 66% de las leyes aprobadas con algún tipo de tributo se formularon por iniciativa de dicho poder.

La estructura tributaria de Costa Rica está conformada por diferentes impuestos y tasas que se recaudan tanto a nivel nacional como subnacional. Los tasas y tributos municipales representan el 0,7% del PIB, dentro de los principales tributos se encuentra el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de motor (IVM), ambos se calculan multiplicando la base imponible del inmueble o rodado con su  respectiva alícuota, la cual difiere según el municipio. Le siguen en importancia la Tasa Municipal de Aseo y Tasa de Agua, ambas tasas son variables, en el primer caso depende de la cantidad de residuos que genera el inmueble y en el segundo del consumo de agua  y el costo del servicio de cada municipio.

Con respecto a la estructura tributaria nacional, el último informe de la OCDE muestra que los ingresos tributarios como porcentaje del PIB representaron el 22% en 2020, la mayor parte de los ingresos derivan de dos impuestos, los cuales explican más de 55% de la recaudación del país. La Cotización a la Seguridad Social es la principal fuente de ingresos, explica el 36,1% de los ingresos tributarios del país, le sigue en importancia el Impuesto a las Ventas y Servicios (19,7%) y el Impuesto sobre la renta a las personas humanas y sociedades (15%) 

El Impuesto a las Ventas y Servicios (IVS) es un impuesto indirecto que grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios y la importación de bienes. La alícuota general es 13% para todas las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios, sujetas y no exentas. También existen tasas reducidas que pueden variar entre 2%-4% según la operación, por ejemplo, los servicios de salud privada están alcanzados por una alícuota de 4% y los medicamentos por una alícuota de 2%. No obstante, existen algunas excepciones y exenciones, como por ejemplo las exportaciones y  servicios de educación, entre otros. A partir de 2019 se aplica el sistema de facturación electrónica que permitió obtener mayor eficiencia y transparencia en la gestión del impuesto.

Por su parte, la Cotización de Seguridad Social financia el Sistema de Seguridad Social del país, la cual está integrada por un conjunto de conjunto de entidades gubernamentales que se encargan de administrar los diferentes regímenes de seguridad social, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), entre otras. El tributo se calcula sobre los salarios de los trabajadores del país, independientemente si se encuentren en el régimen laboral público o privado. La base imponible mínima es el salario mínimo mensual mientras que la máxima es de 8 veces el salario mínimo mensual. Si bien existen algunas exenciones y reducciones en el pago del impuesto para determinados grupos (trabajadores con discapacidad), en general la tasa impositiva que deben pagar todos los trabajadores es 26,33%. Dicha tasa se integra por el aporte directo del trabajador quien abona el 9,34% y el aporte del empleador a quien le corresponde el 16,99% restante.

Con respecto a los cambios en materia tributaria, a finales de 2018, se aprobó la ley de reforma tributaria denominada “La ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” (Ley N° 20.580), y entró en vigencia el 1 de julio de 2019. Dentro de las principales modificaciones se encuentran:

  • Cambios en el IVA: antes la tasa impositiva se aplicaba a un limitado número de productos. Actualmente, se aplica una tasa general de 13% a productos y servicios, y tasas reducidas a determinadas operaciones y distintos productos. 
  • Cambios en la Ley del Impuesto a las Ganancias: se creó un nuevo impuesto a las ganancias con una tasa del 15%, el impuesto sobre los intereses de certificados de inversión cambió de 8% a 15% y se incorporó una retención de 2,5% a aquellos individuos no domiciliados o entidades legales que posean bienes raíces. 

A pesar de los recientes cambios en el sistema tributario, Costa Rica cuenta con un sistema tributario regresivo, la Tabla 1 muestra que la incidencia de los tributos a la propiedad alcanzaron 0,45% del PIB, muy por debajo de los niveles que muestran los países de la región (0,70% prom.) e incluso muy por debajo de los niveles que presenta  Argentina (3,25% del PIB). Cuando se compara este indicador con el resto de los países miembros de la OCDE, Costa Rica se encuentra en la última posición con niveles por debajo del promedio de la OCDE (1,8% prom.).

Otro indicador vinculado con la progresividad o regresividad del sistema tributario, es la tasa de utilidad y ganancias sobre el capital en % del PIB. Este indicador permite inducir que el sistema tributario de Costa Rica es regresivo, dado que la incidencia de los tributos a la utilidad y ganancias aportaron 4,59% del PIB en 2020, nivel por debajo del promedio de los países de la región (5,7% del PIB), y 9 puntos porcentuales por debajo de las tasas promedio que muestran los países de la OCDE (11,3% del PIB).  

Recientemente, el presidente de la República anunció el pasado 2 de mayo la convocatoria del expediente legislativo 23.760, conocido como «Ley de impuesto sobre la renta», que ha estado en el Congreso casi un año. Este primer periodo extraordinario de sesiones, que abarca mayo, junio y julio, estará dominado por discusiones tributarias significativas. A diferencia de la reforma fiscal de 2019, este proyecto propone la derogación total de la Ley 7092, vigente desde 1988, para implementar una reforma integral del sistema tributario enfocada en gravar los ingresos de los contribuyentes. El proyecto establece tres tipos de tributación distintos:

  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas
  • Impuesto sobre la Renta de los No Residentes

Para las personas físicas, el proyecto elimina el sistema cedular y propone un nuevo sistema de renta global dual. Se establecen dos bases imponibles: i)una base general que incluye rentas del trabajo, jubilaciones, rentas de actividades económicas y rendimientos del capital inmobiliario; y una base especial que agrupa rentas del capital mobiliario y ganancias del capital. Se introduce un ingreso mínimo vital de 10.104.000 colones anuales para equilibrar las distorsiones entre asalariados y profesionales independientes (Ministerio de Hacienda, 2024). Las alícuotas serán progresivas, oscilando del 10% al 30% dependiendo del tramo de ingresos de la persona física. La base imponible especial aplicará una tarifa del 15%, permitiendo ciertas deducciones de gastos.

Para las sociedades, se gravarán las rentas de fuente costarricense, incluyendo actividades económicas y rentas de capital, tanto locales como extranjeras sin excepción. Se propone una tarifa única del 30%, eliminando la progresividad actual del impuesto. Se permitirá la deducción de impuestos pagados en el exterior para evitar la doble tributación y mantener la competitividad (Ministerio de Hacienda, 2024). Por su parte las micro y pequeñas empresas registradas tendrán un tratamiento preferencial, aunque se reducirán los períodos y beneficios fiscales vigentes.

Para los no residentes, se establece una tarifa única del 15% sobre la renta bruta correspondiente, simplificando el sistema tributario y eliminando la diversidad de tarifas actuales.

El proyecto también contempla reformas para los contribuyentes del régimen simplificado y otros cambios específicos que serán objeto de amplia discusión en la Asamblea Legislativa, enfocándose en la técnica legislativa, el bien común y la promoción del dinamismo económico y la creación de empleo.

Por último, Costa Rica, al igual que en otros países de la región, se enfrenta a una cuestión clave relacionada con los gastos tributarios, que abarcan exenciones, deducciones, tasas impositivas más bajas y regímenes fiscales especiales. A lo largo de las últimas décadas, las naciones latinoamericanas han utilizado estos instrumentos con el propósito de lograr diversos objetivos, como atraer inversión extranjera, estimular el ahorro, impulsar el crecimiento de los mercados financieros, fomentar el desarrollo en áreas menos desarrolladas y promover la industrialización, entre otros. No obstante, es esencial reconocer que la eficacia y eficiencia en la consecución de estos objetivos múltiples no ha sido evaluada de manera adecuada, lo que ha conducido a una disminución de las bases impositivas y a un coste considerable en términos de recaudación fiscal.

En cuanto a la medición de estos gastos tributarios, es importante mencionar que existen diferencias en los enfoques metodológicos empleados por los países de la región, lo que dificulta la comparación entre ellos. Según datos de CIAT, los gastos tributarios en porcentaje del PIB de la región oscilan entre el 1,3% y el 8,6%, dependiendo del país analizado. La tabla 1, muestra que Costa Rica se sitúa en un nivel ligeramente superior al promedio de la región (3,6%), con gastos tributarios que equivalen al 4,2% del PIB. Al desglosar el total se observa que gran parte del gasto tributario se ejecuta sobre el impuesto al consumo – IVA (2,3% del PIB), el impuesto sobre las rentas de empresas (1,1% del PIB) y de personas (0,6% del PIB).

  • Transparencia y riqueza offshore 

El proceso de globalización financiera reciente ha contribuido al desarrollo de la interconexión entre países. Los agentes económicos han adquirido la posibilidad de mover sus activos hacia territorios con baja tributación o nula ocultándose de los registros fiscales de su país de origen (convirtiéndose de esta manera en riqueza offshore). 

Los paraísos fiscales son territorios o jurisdicciones especializadas en atraer esos activos cuyos poseedores no quieren declarar su procedencia y/o tributar en el país de origen, sin importar el posible origen ilícito o lícito de los mismos. Las grandes empresas de todo el mundo,realizan maniobras de manipulación y simulación con la finalidad de eludir y evadir normas tributarias, cambiarias, laborales, de espacios territoriales, así como también fugar capitales a plazas financieras para su posterior valorización. El objetivo principal de la planificación fiscal consiste en trasladar ganancias y capitales al exterior hacia países de baja tributación.

El Consorcio Internacional de Periodistas de la Investigación reveló en los documentos financieros Pandora Papers que políticos, empresarios y reconocidos costarricenses poseían empresas offshore. Entre los casos más resonantes se encuentra Alfredo Volio Pérez, ex-ministro de Economía y ex-ministro Agricultura y Ganadería de Costa Rica, durante 2008-2013 apareció su nombre en dos sociedades fantasmas o offshore, Upala Investments S.A. (UI) y Northern Fields S.A. Estas sociedades panameñas reciben fondos por comisiones de negocios varios, de compra-venta de productos alimenticios tales como carne, leche, azúcar, etc. De hecho, Volio Perez, compró la empresa piñera Upala Agrícola (UA) en 2008, es una empresa que exporta piña de la variedad dorada (de alta calidad) a Estados Unidos, Italia, España, Turquía y China. En ese mismo año (2008) constituyó la empresa Upala Investments (UI) en Panamá, la cual pasaría a ser la propietaria de UA. Ambas empresas poseyeron la misma estructura: Volio como presidente y Leonel Peralta Lizano como secretario (socio y amigo de Volio). 

Por su parte, el presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas Callán, era la figura directiva de la empresa Mesoamérica Marble Ltda. que está registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El Registro Nacional de Costa Rica revela que Callán era partícipe de 41 sociedades. Aparece como vocal 2 en las sociedades Aseguradora Sagicor Costa Rica S.A. y el Grupo Sagicor GS, S.A., ambas ligadas a pólizas  comercializadas por el banco Promérica. Y a su vez, como tesorero de la distribuidora Dipo S.A. y vocal 1 de la Asociación Teatro Espressivo. 

Otros casos conocidos de empresas que se radicaron en Costa Rica para aprovechar las leyes fiscales favorables y la privacidad financiera. La empresa Mossack Fonseca, tenía una sucursal en Costa Rica, los documentos de los Panamá Papers revelaron que habían ayudado a clientes a crear empresas offshore en este país. También se encuentra el caso de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que habría utilizado una empresa offshore en Costa Rica para ocultar pagos ilegales relacionados con proyectos de infraestructura en ese país. La investigación de este caso fue llevada a cabo por el Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción de España.

Además, se dieron a conocer otros casos de empresas offshore en Costa Rica, como el de la empresa mexicana Oceanografía, que habría utilizado una empresa en este país para transferir fondos a cuentas bancarias en el extranjero. Ante estos casos, las autoridades costarricenses tomaron medidas para prevenir y combatir la evasión fiscal y la creación de empresas offshore. Por ejemplo, en 2016 se aprobó una ley que establece la obligatoriedad de reportar la información financiera de cuentas bancarias de personas físicas y jurídicas a la Dirección General de Tributación. Además, el país ha firmado acuerdos internacionales para el intercambio de información fiscal con otros países, con el objetivo de combatir la evasión fiscal transnacional.

En efecto, el último informe de Tax Justice Network (TJN) destaca que Costa Rica pierde cada año 391 millones de dólares de recursos tributarios a causa de la elusión y evasión fiscal de personas y empresas. De los cuales, más del 94% se deben a pérdidas anuales por el abuso y elusión por parte de empresas (197 millones de dólares)  y casi el 6% restante se origina de una riqueza personal financiera offshore (11 millones de dólares).

5. Situación social y desigualdad

Entre 1950 y 1980, el país logró una reducción significativa de la pobreza gracias a la promoción estatal de la producción orientada al mercado interno y a una fuerte inversión en áreas sociales e infraestructura. Este progreso se detuvo durante la crisis de los años 80 y se estancó hacia finales de los 90, con la tasa de pobreza fluctuando entre el 20% y el 22% de la población. Este estancamiento comenzó antes de la implementación de políticas neoliberales, que han ido dando paso a actividades privadas a expensas de muchos servicios que antes eran proporcionados por instituciones públicas. A pesar del crecimiento significativo de la economía y la riqueza, la disminución de la pobreza se ha detenido. Actualmente, con relación a la igualdad presenta uno de los peores indicadores de la región con 0,49. 

En términos de equidad de género,  en 2023, Costa Rica era uno de los países más equitativos de la región. Obtuvo una puntuación de 0,79 en el índice de brecha de género, lo que indica una brecha de género de aproximadamente el 21% (las mujeres tienen un 21% menos de probabilidades que los hombres de tener las mismas oportunidades), es decir el segundo país con mejor performance de Latinoamérica luego de Nicaragua.  En términos de derechos reproductivos, el aborto es ilegal excepto en casos donde la vida o la salud de la mujer estén en riesgo. En 2019, se aprobó una norma técnica que regula la interrupción terapéutica del embarazo, que requiere el consentimiento de la mujer y el criterio médico. 

La desigualdad socioeconómica en Costa Rica se manifiesta en diversos ámbitos, incluyendo el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el empleo. Según el Informe Estado de la Nación 2024, el 20% más rico de la población concentra el 45% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre solo recibe el 5%. Esta brecha se ha ampliado en los últimos años, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad.

A pesar de los avances en materia de igualdad de género, aún persisten brechas significativas en Costa Rica. Las mujeres siguen teniendo una menor participación en el mercado laboral, con salarios más bajos y una mayor precarización laboral. Además, la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema grave, con un aumento en el número de femicidios en los últimos años.