Resumen ejecutivo

  • El objetivo de este documento es dar cuenta de la estructura socioeconómica, protección social y fiscal de Guatemala, características, participación y evolución de los principales indicadores económicos, sociales y fiscales, vinculando con el contexto político reciente.
  • El índice de Gini de Guatemala refleja una desigualdad alta de 0,48, en comparación al promedio de América Latina (0,44) y de la OCDE (0,32). Esta desigualdad está intrínsecamente relacionada con la cuestión racial y regional.
  • Asimismo, el 1% más rico de la población se apropia del 18,72% de la renta, nivel por debajo del promedio de la región (20,44%) y debajo del promedio de la OCDE (27,47%).
  • Con respecto a la situación fiscal, los ingresos tributarios de Guatemala alcanzan el 15,20% del PIB, significativamente por debajo del promedio de América Latina (22,07%) y de la OCDE (30,34%). Los impuestos generales sobre bienes y servicios (equivalente al IVA) representan el 6,70% del PIB.
  • Guatemala cuenta con un sistema tributario regresivo. Los impuestos a la propiedad como porcentaje del PIB alcanzaron el 0,21%, muy por debajo del nivel promedio de las naciones latinoamericanas (0,84%) y de la OCDE (1,9%). Asimismo, los impuestos sobre los beneficios, las utilidades y las ganancias de capital como porcentaje del PIB guatemalteco representan el 4,32%, niveles por debajo del promedio regional (6,49%) y significativamente inferiores a las tasas promedio que muestran los países de la OCDE (12%).
  • Con respecto a los gastos tributarios, Guatemala destina 2,8% del PIB a exenciones y beneficios fiscales. Al desglosar el total se observa que gran parte del gasto tributario se ejecuta sobre el IVA (1,8% del PIB), el impuesto a las rentas de empresas (0,8% del PIB) y de personas (0,1% del PIB).
  • Además, Guatemala tiene una riqueza financiera offshore como porcentaje del PIB del 8,50%, por debajo del promedio de América Latina (13,99%) y por debajo del promedio de la OCDE (10,54%). En efecto, del informe de Tax Justice Network (TJN, 2023) se desprende que Guatemala pierde recursos tributarios por 93,8 millones de dólares a causa de la elusión y evasión fiscal de empresas.
  • Con respecto al acceso a la educación, la tasa neta de finalización secundaria superior es del 26,3%, muy por debajo del nivel promedio de la región (64,60%) y de la OCDE (95,19%). Del mismo modo, el gasto público en educación como porcentaje del PIB alcanzó el 3,23%, nivel por debajo del promedio de los países latinoamericanos (4,48%).

  • Contexto político 

La estructura política de Guatemala es republicana, democrática y representativa, cuya forma de organización se divide en tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El poder Legislativo es unicameral y está conformado por 160 diputados que son elegidos de forma democrática cada 4 años con posibilidad de reelección.  El poder Judicial tiene como tribunal de mayor jerarquía a la Suprema Corte de Justicia, conformada por 13 magistrados divididos en cámaras (penal, civil, amparo y antejuicio), los cuales son elegidos por el Congreso para un período de 5 años y cuentan con posibilidad de reelección.

Guatemala sufrió una guerra civil que duró más de 36 años y finalizó en el año 1996. La violencia extrema vivida durante ese período, tiene aún importantes consecuencias sobre la situación social, política y económica. Uno de los hechos más tristemente destacados del período es el genocidio perpetuado contra el pueblo maya guatemalteco lo que fue reconocido por organismos internacionales como la OEA, la Comisión de Esclarecimiento Histórico y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala. La democracia en Guatemala se encuentra lejos de estar consolidada, persistiendo una alta inestabilidad y una seguidilla de gobiernos atravesados por la corrupción y el uso de la violencia contra la población, especialmente la indígena. 

Entre 2016 y 2020, ocupó la presidencia James Ernesto Morales Cabrera, conocido popularmente como Jimmy Morales por el Frente de Convergencia Nacional. Previamente en segunda vuelta electoral. Fue un destacado humorista y su ingreso a la política se dió recién en el 2011 cuando se presentó a las elecciones de alcalde  en el municipio de Mixco. 

La campaña presidencial de Morales fue impulsada por la derecha radical, que se agrupa en la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua) nacida como organización en 1995. En 2008 fundó un partido (Frente de Convergencia Nacional-FCN), del cual Morales fue elegido como Secretario General en el año 2013. Antes de Morales no hubo candidato del FCN que lograra diputaciones o alcaldías, y su victoria en elecciones generales se debe ampliamente al perfil de outsider político y que justamente en ese momento se dieron a conocer varios casos de corrupción muy relevantes por parte de la  Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una comisión anticorrupción creada por un acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco.

La gestión de Morales implicó un fuerte retroceso en términos de Derechos Humanos: se desmanteló CICIG, mientras permitía que los fiscales del organismo tengan un día para salir del país. Utilizó a los kaibiles, fuerza armada destinada únicamente a ser utilizada en situaciones de guerra, contra protestas de la sociedad civil y a pesar de haber llegado al poder con la bandera de la transparencia, su gobierno estuvo atravesado por importantes casos de corrupción. «En Guatemala existe un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia del país», declaró Juan Pappier, subdirector de la organización Human Right Watch.

En el año 2019, el candidato conservador Alejandro Giammatei (Partido Vamos) ganó las elecciones generales por el 58,15% de los votos con una alta abstención del electorado que apenas llegó al 62% de participación. Giammatei venció a Sandra Torres, representante del Partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) en unas elecciones marcadas por la intervención del Poder Judicial, que proscribió a varios candidatos, las denuncias de fraude electoral, presiones de grupos de poder e injerencismo norteamericano. En enero de 2020 tomó posesión del cargo, durante su mandato continuó con la persecución a activistas de derechos humanos, arrestando a quien había sido funcionaria de la CICIG, Leily Santizo Rodas. Durante la crisis de la pandemia del COVID-19, su gobierno fue cuestionado por la dificultad en conseguir vacunas a tiempo y la desorganización del sistema de salud. 

Otra de las medidas controversiales de Giammatei se refiere a la disposición de funcionar como “Estado Tapón” respecto a los migrantes Latinoamericanos que solicitan asilo en EE.UU. El concepto de «tercer país seguro» se refiere a un país al que se puede enviar a los solicitantes de asilo que llegan a otro país, si se considera que en ese país pueden encontrar protección y no corren peligro. Estados Unidos firmó un acuerdo con Guatemala en 2019 para que este país fuera un «tercer país seguro» para los migrantes salvadoreños y hondureños que buscaban asilo. El acuerdo fue criticado por organizaciones de derechos humanos que cuestionan la capacidad de Guatemala para garantizar la seguridad y el bienestar de los migrantes y fue suspendido por el presidente Joe Biden en febrero de 2021.

En 2023, el país enfrentó uno de los años más críticos para su democracia desde la firma de los Acuerdos de Paz (AdP-1996). Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacaron el aumento de la corrupción y el debilitamiento del sistema judicial durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2023). En este periodo, se intensificó la persecución y el procesamiento legal de aquellos que luchan por esclarecer graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) y casos de corrupción. Además, se restringió la libertad de expresión mediante el uso malintencionado del sistema de justicia contra periodistas.

En este contexto político se llevó a cabo el proceso electoral en agosto de 2023, desde su inicio, estos comicios fueron objeto de profundas críticas y polémicas debido a la cantidad de candidaturas y listas excluidas. Según Transparencia Electoral, esto fue resultado de un intento estratégico de influir en los resultados, limitando las opciones de elección de la ciudadanía. Esta situación motivó la realización de dos misiones de observación electoral: una por parte de la Unión Europea (MOE-UE), y otra por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ambas misiones confirmaron que, pese al deterioro del estado de derecho, los votantes demostraron su firme compromiso con la democracia acudiendo a las urnas.

Los resultados preliminares indicaron que Arévalo (Semilla) estaba en segundo lugar con más de seiscientos mil votos, por lo que pasó a un balotaje con Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). El ascenso de Arévalo fue categorizado como una sorpresa por BBC News​ y El País. Semilla también obtuvo un resultado inesperadamente alto, que lo posicionó como la tercera fuerza política en el Congreso, el Parlamento Centroamericano y la Municipalidad de Guatemala. También obtuvieron resultados municipales mixtos en casi todos los departamentos de Guatemala.

Este inesperado resultado desencadenó diversas acciones legales para inhabilitar al partido ganador (Semilla), acciones calificadas como un intento de golpe de estado por Arévalo, la comunidad internacional y amplios sectores de la sociedad civil guatemalteca. En respuesta, a principios de octubre, autoridades indígenas de diferentes territorios iniciaron un Paro Nacional en defensa de la democracia. Esta lucha pacífica no estuvo exenta de ataques, como lo documentó la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) en su informe «Análisis de cifras y reflexiones sobre las agresiones a personas defensoras de DD.HH. y al derecho a la manifestación pacífica. El informe reveló que entre el 2 de octubre y el 30 de noviembre hubo al menos 85 agresiones contra defensores de DDHH, incluyendo 10 asesinatos e intentos de asesinato, actos de intimidación, vigilancia, persecución judicial, detenciones arbitrarias, difamaciones y estigmatizaciones. Finalmente, Arevalo tomó posesión del cargo el 14 de enero de 2024, desde su inicio enfrenta desafíos significativos. Su compromiso de campaña de destituir a la fiscal general, Porras, acusada de entorpecer la lucha contra la corrupción, se ve obstaculizado por una fuerte oposición política. Este escenario dificulta la implementación de los cambios que Arévalo busca realizar en un estado que él describe como «semidestruido». Guatemala se enfrenta a un estado cooptado y corrupto, resultado de décadas de abuso de poder. Además, el presidente destaca su compromiso con el sistema democrático, rechazando el uso de medidas no democráticas para restaurar la democracia, incluyendo el no empleo del ejército para resolver conflictos internos. 

Durante el primer semestre de su gestión, Arévalo enfatiza la importancia de obras públicas que respondan al desarrollo, mejoren la salud y la educación. Destaca los avances en la readecuación de miles de escuelas durante sus primeros meses en el cargo y las coordinaciones con gobiernos departamentales para ejecutar proyectos de infraestructura en áreas necesitadas (La Nación, 2024).

  • Contexto económico

Guatemala tiene la economía más grande y poblada de América Central y la novena de toda América Latina. Su producción equivale a un tercio de la de toda la región centroamericana  (estimada en 17,3 millones en 2022), su PIB se encontraba en torno al USD 92,7 mil millones en 2022 y su PIB per cápita se encuentra en USD 4.504 casi la mitad del promedio de la región (USD 8.861 prom).

El sector más grande en la economía guatemalteca era tradicionalmente la agricultura, pero a partir de la década de 1950, desarrolló una industria sustitutiva en línea con las recomendaciones de la CEPAL y las experiencias latinoamericanas. Actualmente, el sector industrial y construcción, aun con una estructura incompleta representa el 30% del PBI (al año 2020). Aunque es sumamente dependiente de la importación de insumos, resulta  relevante en términos de empleo, ya que el 20% de la mano de obra está empleada en el sector industrial y 4% en la construcción. Las principales industrias son procesamiento de alimentos, ensamblado de vehículos, aparatos eléctricos, pinturas, farmacéuticas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, editoriales y textiles. 

La producción agropecuaria conforma el 10,8% del PIB al año 2020, el 36,2% de las exportaciones y emplea al 32% de la fuerza laboral. El producto característico es el cardamomo, la especie más cotizada y cultivada en Guatemala, del que es su principal productor y exportador a nivel mundial. También son relevantes la producción de bananas, café y el Aceite de Palma Africano que se exporta procesado. Sin embargo, la mayor parte del empleo se da en el sector de la agricultura de subsistencia, con bajos niveles de productividad. La agricultura de subsistencia representa el 53% de productores; quienes son los principales proveedores de granos básicos en Guatemala (67% de maíz nacional), y dedican un gran porcentaje de la producción para el autoconsumo

La macroeconomía guatemalteca se encuentra ordenada con un déficit del sector público controlado. Experimentó un ritmo estable de crecimiento (3,5 por ciento en promedio durante el período 2010-2019), y en 2021, luego de la crisis de COVID repuntó un 8% en 2021. El país ha regresado a un crecimiento económico superior al promedio de América Latina, en 2022  el PIB de Guatemala creció un 4,1% y un 3,5% en 2023, y se espera que crezca un 3% en 2024.

No obstante, el sólido crecimiento económico de Guatemala no se ha traducido en una fuerte reducción de la pobreza: las tasas de pobreza y desigualdad del país se encuentran entre las más altas de la región, en especial la población rural e indígena. Se estima que en 2023 más de la mitad de la población (55,1%) vivía en pobreza y que el tamaño de la economía informal de Guatemala representaba un 49% del PIB, con el 71,1% de la población ocupada empleada en el sector informal (BM, 2023).

Actualmente, aunque las exportaciones de materias primas continúan siendo muy relevantes, el mayor generador de divisas lo constituyen las remesas de guatemaltecos en el exterior y el segundo el sector turismo. El principal socio comercial es EE.UU, a donde se dirigen la mayor parte de sus exportaciones y también es el origen de la mayoría de importaciones. También es el país de donde proceden la mayor parte de las remesas. Aproximadamente 1,35 millones de ciudadanos guatemaltecos, o 10% de la población, viven en EE. UU. Unos 3,5 millones de personas que aún viven en Guatemala dependen de estas remesas, según el Instituto Centroamericano de Estudio Sociales y Desarrollo.

  • Contexto fiscal

En lo que respecta a la estructura tributaria, Guatemala cuenta con varios tributos nacionales y subnacionales que son importantes para el funcionamiento del Estado y la economía del país. La recaudación tributaria subnacional en porcentaje del PIB fue 0,1% en 2020, relativamente bajo cuando se compara con la participación de los tributos subnacionales del resto de los países de la región. Entre los principales tributos se encuentran: el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres (ISCVT) e Impuesto sobre Distribución de Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos (IDBAC). El ISCVT es un impuesto directo que grava la propiedad y circulación de los vehículos automotores. La tasa del ISCVT varía según el tipo y cilindrada del vehículo, puede oscilar entre 1% y 5% según las tasas que aplique cada municipio. Mientras que el IDBAC, se aplica sobre la actividad comercial, distribución, venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos. La alícuota general del IDBAC varía entre el 10% y el 25% según cada tipo de producto.

En cuanto a las estadísticas de recaudación tributarias, el último informe de la OCDE (2020) resalta que el país se mantuvo un nivel de ingresos fiscales estables entorno al 11,7% y 12,4%, de hecho durante los últimos 10 años sus ingresos sólo crecieron 0,8 puntos porcentuales, mientras el resto de los países de la región casi duplicaron sus ingresos tributarios. 

Por otro lado, la recaudación tributaria nacional como porcentaje del PIB  fue 15,2% en 2022, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (22,07%). El ente recaudador encargado de administrar los recursos fiscales es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Además de la administración tributaria se encarga de brindar servicios que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras teniendo en cuenta el marco legal establecido.

El sistema tributario de Guatemala es regresivo, más del 65% de los ingresos tributarios se explican por: el Impuesto a las Ventas y Servicios – IVA (41%), el Impuesto sobre la Renta de Sociedades – ISRPJ (21%) y el Impuesto sobre la renta de personas físicas – ISRPF (4%).

El Impuesto a las Ventas y Servicios grava cada etapa de producción y comercialización de bienes y servicios,  es un impuesto regresivo dado que alcanza específicamente al consumidor final sin distinguir ingresos. Si bien cuenta con una tasa general relativamente baja, 12%, en comparación con las tasas de IVA de los países de la región que oscilan entre 7% y 22%, tiene una incidencia elevada en su sistema tributario. También posee régimen especial para pequeños contribuyentes, IVA Pequeño Contribuyente, grava con una tasa reducida de 5% a todas las personas individuales o jurídicas cuyo monto de venta o servicio anual no exceda los 150.000 Quetzales (USD 19.322).

Por su parte, el Impuesto sobre la renta grava las rentas obtenidas por personas humanas y jurídicas residentes en Guatemala. Las Sociedades están alcanzadas por una alícuota plana del 25% que recae sobre la renta gravable de la empresa, es un tributo regresivo porque no varía según la renta neta obtenida sino que se aplica tasa fija sin importar los ingresos que declare la empresa. Mientras que las personas humanas residentes en el país están alcanzadas por alícuotas progresivas que van desde el 0% hasta el 22% según la renta neta gravable declarada. En 2020, el Ministerio de Finanzas Públicas informó que habían casi 600 mil contribuyentes, tanto personas como sociedades, que estaban alcanzados por el impuesto sobre la renta.

En lo que respecta a los recientes cambios en el sistema tributario, la SAT propone una reforma tributaria administrativa para facilitar el cumplimiento tributario y mejorar la recaudación del país, entre las principales medidas se encuentra:

  • Cambio en el plazo de presentación: actualmente los contribuyentes tienen 3 días para presentar la documentación que respalde las operaciones contables de las grandes empresas, por lo cual, se espera extenderlo a 10 días para brindar un tiempo considerable.
  • Reforzar el plazo de entrega de los dictámenes de auditoría sobre precios de transferencia
  • Fortalecer el tema de las cuentas corrientes para efectos de la solicitud de devolución de recursos. 
  • Regular las capacidades de la SAT en fiscalización, la revisión de los montos de multas y actualizar los valores, como por ejemplo, ampliar el máximo de facturación anual de los pequeños contribuyentes.

En síntesis, Guatemala cuenta con un sistema tributario regresivo, la Tabla 1 muestra que la incidencia de los tributos a la propiedad alcanzaron 0,21% del PIB en 2022, nivel por debajo al promedio de los países de la región (0,84 en %PIB)  e  incluso muy por debajo al promedio de  los países de la OCDE (1,9% prom.). Otro indicador vinculado con la regresividad, es la tasa de utilidad y ganancias sobre el capital en porcentaje del PIB. Dentro del grupo de países del Caribe, Guatemala es el país que presenta menor participación de tributos que afectan a la utilidad y ganancias del capital. De hecho, los tributos relacionados con la utilidad y ganancias aportaron 4,32% del PIB en 2022,  2 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de la región (6,49% del PIB) y casi 8 puntos porcentuales por debajo de las tasas promedio que muestran los países de la OCDE (12% del PIB).  

Por último, en lo que respecta a los gastos tributarios, Guatemala, al igual que en otros países de la región, se enfrenta a una cuestión clave relacionada con las exenciones, deducciones, tasas impositivas más bajas y regímenes fiscales especiales para algunos sectores. A lo largo de las últimas décadas, los países de la región han utilizado estos instrumentos con el propósito de lograr diversos objetivos, como atraer inversión extranjera, estimular el ahorro, impulsar el crecimiento de los mercados financieros, fomentar el desarrollo en áreas menos desarrolladas y promover la industrialización, entre otros. No obstante, es esencial reconocer que la eficacia y eficiencia en la consecución de estos objetivos múltiples no ha sido evaluada de manera adecuada, lo que ha conducido a una disminución de las bases impositivas y a un coste considerable en términos de recaudación fiscal.

En cuanto a la medición de estos gastos tributarios, es importante mencionar que existen diferencias en los enfoques metodológicos empleados por los países de la región, lo que dificulta la comparación entre ellos. Según datos de CIAT, los gastos tributarios en porcentaje del PIB de la región oscilan entre el 1,3% y el 8,6%, dependiendo del país analizado. La tabla 1, muestra que Guatemala se sitúa en un nivel muy por debajo al promedio de la región (3,6%), con gastos tributarios que equivalen al 2,8% del PIB. Al desglosar el total se observa que gran parte del gasto tributario se ejecuta sobre el IVA (1,8% del PIB), el impuesto a las rentas: de empresas (0,8% del PIB) y de personas (0,1% del PIB).

El Ministerio de Finanzas Públicas guatemalteco se posiciona en construir una política fiscal sostenible para fortalecer el desarrollo social y el crecimiento económico del país, promoviendo la asociatividad, la cooperación y la innovación. A su vez, pretende evaluar la generación de empleo y los indicadores de bienestar social y equidad, manteniendo un manejo responsable e integral de las finanzas públicas.

  • Transparencia y riqueza offshore. 

El proceso de globalización financiera reciente ha contribuido al desarrollo de la interconexión entre países. Los agentes económicos han adquirido la posibilidad de mover sus activos hacia territorios con baja tributación o nula ocultándose de los registros fiscales de su país de origen (convirtiéndose de esta manera en riqueza offshore). 

Los paraísos fiscales son territorios o jurisdicciones especializadas en atraer esos activos cuyos poseedores no quieren declarar su procedencia y/o tributar en el país de origen, sin importar el posible origen ilícito o lícito de los mismos. Las grandes empresas de todo el mundo,realizan maniobras de manipulación y simulación con la finalidad de eludir y evadir normas tributarias, cambiarias, laborales, de espacios territoriales, así como también fugar capitales a plazas financieras para su posterior valorización. El objetivo principal de la planificación fiscal consiste en trasladar ganancias y capitales al exterior hacia países de baja tributación.

Un caso muy controversial, vinculado con políticos y ex funcionarios públicos, involucra a Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala (2012-2015). Perez Molina fue el primer militar electo popularmente en las elecciones democráticas de Guatemala. Durante su mandato fue acusado por participar de una estructura de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la cual permitió la evasión de impuestos por parte de empresas y empresarios. En 2022, Pérez Molina junto a su vicepresidente Baldetti fueron hallados culpables de los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera, por los que la justicia guatemalteca les dio una pena de 8 años de cárcel por cada uno. En el marco de esta investigación, se descubrió que Pérez Molina tenía una cuenta bancaria en Andorra y que había adquirido una casa en España a través de una sociedad offshore en Panamá.

Por su parte, Alejandro Matheu, constructor y propietario de la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento S.A, obtuvo contratos millonarios entre 2005 y 2015, fue denunciado por financiar la campaña presidencial de Jimmy Morales en 2016, y recibió nueve contratos por un valor aproximado de US$104 millones en 2018 y 2019 y fue vinculado con la empresa offshore Nemsor LTD registrada en Belice. 

Asimismo, Jimmy Morales ex presidente (2016-2020) fue acusado de ocultar información sobre sus finanzas personales. En concreto, se reveló que Morales había omitido declarar la propiedad de dos empresas en su declaración patrimonial. Además, se descubrió que Morales había recibido un préstamo de una empresa que tenía contratos con el Estado y que había transferido una parte de este préstamo a una cuenta en Estados Unidos. En 2019, se reveló que Morales y su familia habían creado una empresa en Belice llamada Inversiones Estratégicas de Guatemala.

Entre los personajes famosos, se encuentra el caso de Ricardo Arjona, el cantante guatemalteco fue vinculado con una sociedad offshore en Panamá que le permitía evadir impuestos de su país. En 2018, se llevó a cabo la investigación que reveló que el cantante había adquirido una propiedad en Miami a través de esta sociedad.

En efecto, del informe de Tax Justice Network (TJN, 2023) se desprende que Guatemala pierde recursos tributarios por 93,8 millones de dólares a causa de la elusión y evasión fiscal de empresas. Además, según los datos obtenidos con los “Pandora Papers”, Guatemala es el cuarto país de América Latina con más cantidad de personas que utilizan offshore y a nivel mundial ocupa la décima posición con 658 casos. 

Estos casos ponen en evidencia la existencia de una cultura de opacidad y corrupción en Guatemala, donde la riqueza offshore y la falta de transparencia fiscal son herramientas comunes para evadir impuestos y ocultar ganancias ilícitas. Es necesario que se implementen medidas efectivas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

  • Desigualdad y contexto social

Con una gran cantidad de jóvenes y diversidad demográfica, Guatemala es el país centroamericano con más habitantes. La mayoría de su población está formada por los pueblos Maya, Xinka y Garífunas (descendientes de africanos), que comparten el territorio con la población mestiza constituyendo uno de los países con más presencia indígena del mundo, y se puede contar como uno de los grandes problemas estructurales que atraviesan la sociedad la discriminación racial, la desigualdad social entre los diferentes grupos étnicos y la violencia machista. La desigualdad que atraviesa a la sociedad, además de expresarse en la situación de pobreza y exclusión, tiene un fuerte impacto de falta de acceso a la justicia, lo que constituye un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos. Un informe del Grupo para la Promoción de la Investigación Aplicada en Derechos Humanos (PIADH-2020) indica que “La continuidad de un modelo social y económico excluyente, la falta de una democratización del sistema político y la debilidad en el ejercicio de los derechos básicos de la población, evidencia las condiciones de vulnerabilidad que se viven en la actualidad”, 

Según el PNUD, entre los países latinoamericanos, Guatemala presenta uno de los índices de desarrollo humano más bajos, solamente por encima de Honduras y Nicaragua, con el 61% de la población sufriendo pobreza multidimensional y 28.9% pobreza multidimensional severa en el año 2019. El 48,8% de la población de Guatemala vivía con menos de 5,5 dólares al día y el 13,6% con menos de US $1,9  en 2018, según datos que surgen del Banco Mundial. En este contexto,  uno de los principales problemas en términos sociales lo constituyen la emigración: según el Banco Mundial se estima que hay alrededor de 1,6 millones de guatemaltecos viviendo en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y México. Según un informe de PIADH (2020), la migración forzosa es uno de los principales desafíos y violaciones de los derechos humanos que enfrenta Guatemala, debido a la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, especialmente hacia Estados Unidos, donde viven más de un millón de guatemaltecos. La migración forzosa tiene impactos negativos en el desarrollo humano, la cohesión social y la gobernabilidad democrática del país.

Según el Global Gender Gap Report del 2023 que mide la brecha de género, realizado por el Foro Económico Mundial, Guatemala pasó del puesto 113 en 2022 al 117 en 2023 a nivel global y ocupa el 21 lugar a nivel regional en 2023 (ALC). El informe considera cuatro aspectos fundamentales (educación, salud, economía y política), donde el país debe poner énfasis en la participación política, la educación y las oportunidades económicas para que las mujeres alcancen los mismos derechos que los hombres (2023, FEM).