Resumen ejecutivo

  • El objetivo de este documento es dar cuenta de la estructura socioeconómica, protección social y fiscal de México, características, participación y evolución de los principales indicadores económicos, sociales y fiscales, vinculando con el contexto político reciente.
  • Los índices de desigualdad en México son similares al resto de América Latina (Gini: 0,44). Sin embargo, al desglosar estos datos por regiones, se observa un aumento significativo en la disparidad. El Índice de Desarrollo Regional (IDR) de la Ciudad de México exhibe un índice de 0,83, mientras que la región de Oaxaca registra un índice de 0,62.
  • Estas discrepancias en el desarrollo regional están intrínsecamente relacionadas con la cuestión racial, 12,7% de la población indígena se concentra en el suroeste del país. La tasa de pobreza entre la población indígena alcanza el 60%, en comparación con el 43,8% de la población total.
  • Asimismo, el 1% más rico de la población se apropia del 26,8% de la renta, este nivel de concentración  es superior al nivel regional (20,44%).
  • La recaudación tributaria de México está concentrada en tres impuestos que explican el 65% de la recaudación  total: Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) (24%), Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (21%) y el Impuesto sobre la Renta de Sociedades (20%).
  • México cuenta con un sistema tributario regresivo, la incidencia de los tributos a la propiedad alcanzaron 0,3% del PIB en 2022, muy por debajo del nivel promedio que muestran las naciones latinoamericanas (0,84%) e incluso se encuentra casi 3 puntos porcentuales por debajo del nivel de Argentina (2,91% del PIB).
  • Asimismo, la tasa de utilidad y ganancias sobre el capital en porcentaje del PIB mexicano viene perdiendo participación dentro de la estructura tributaria. En 2022, este tributo aportó 5,72% del PIB, niveles por arriba del promedio regional (6,5% del PIB) y más de 4 puntos porcentuales por debajo a las tasas promedio que muestran los países de la OCDE (12% prom.)
  • Con respecto a los gastos tributarios, México se sitúa en un nivel ligeramente inferior al promedio de la región (3,6%), con gastos tributarios que equivalen al 3,3% del PIB. Al desglosar el total se observa que gran parte del gasto tributario se ejecuta sobre el IVA (1,4% del PIB), el impuesto a las rentas de personas (1,1% del PIB) y de empresas (0,5% del PIB).
  • México pierde recursos tributarios a causa de la elusión y evasión fiscal de personas y empresas por 9.067 millones de dólares según el último informe de Tax Justice Network. De los cuales, más del 91% se deben a pérdidas anuales por fraudes fiscales corporativos (8.250 millones de dólares) y casi  9% restante se origina de una riqueza personal financiera offshore.
  • Con respecto al acceso a la educación, la tasa de matriculación secundaria superior ronda el 65,4%, levemente superior al nivel promedio de la región (64,6%). Sin embargo, en términos de financiamiento educativo, en 2022 alcanzó el 4,6% del PIB, levemente por arriba del promedio de los países latinoamericanos (4,5%).
  • En términos de equidad de género, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice de Desarrollo Humano de las mujeres se sitúa en 0,73, mientras que para los hombres alcanza un valor de 0,77. Además, se observa que el porcentaje de pobreza entre las mujeres asciende al 47,3%, en contraste con el 40,2% de la población en su conjunto.

  • Contexto político

México es una República representativa, democrática y federal, y su forma de organización se encuentra dividida en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

Desde diciembre de 2018 gobierna en México la coalición del Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), con Andrés Manuel  López Obrador como presidente. El mandato dura hasta el 2024 y no puede ser reelecto. Por su parte, el poder Legislativo reposa en el congreso bicameral, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, quienes son elegidos por voto popular. Los diputados son elegidos por un período de 3 años y los senadores por 6.  

En los últimos años, México experimentó cambios políticos significativos. La presidencia de Vicente Fox (2000-2006) rompió con la hegemonía del PRI (Partido Revolucionario Institucional) que gobernó el país durante casi todo el S. XX en un sistema de hecho, de partido único.   Si bien en sus inicios el PRI había representado ideales asociados a la centro-izquierda política y el nacionalismo económico, en la década de lo 1990 adoptó una posición claramente neoliberal incluyendo a México en Tratado de Libre Comercio de América del Norte (conocido como NAFTA por su siglas en inglés)  e impulsando la liberalización económica y privatizaciones 

Tanto Vicente Fox (2000-2006) como su sucesor Felipe Calderón (2006-2012) pertenecían al PAN un espacio político de centro-derecha e impulsaron reformas de corte neoliberal: privatización de empresas públicas, liberalización del comercio, y ajuste fiscal. Por su parte, Enrique Peña Nieto (2012-2018) representó la vuelta del PRI al poder, y fue sucedido por Andres Manuel López Obrador (AMLO) que ganó las elecciones por la Fuerza Alianza Morena en 2018.

Alianza Morena es el nombre informal que se le da a la coalición electoral formada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones federales de 2021 en México. Esta alianza se registró con el nombre Juntos Hacemos historia en 2014, y su agenda política se centra en la lucha contra la corrupción, la promoción de una economía sostenible y la reducción de la desigualdad, siguiendo los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador, líder moral de Morena. En diciembre de 2018, AMLO asumió la presidencia de México habiendo ganado los comicios por el 53,2% y se convirtió en el candidato más votado de la historia mexicana. Una de sus principales medidas ha sido la aprobación de la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes, que establece mecanismos para garantizar los derechos humanos de los migrantes, así como para prevenir y combatir el tráfico ilegal de personas. En términos económicos, impulsó el Programa de Estímulos a la Inversión Productiva, que busca fomentar áreas como el agro, la energía y la infraestructura. También se han hecho esfuerzos para mejorar la educación, la salud y la seguridad alimentaria. 

México, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), ha experimentado cambios significativos en su panorama político y económico desde las elecciones presidenciales de 2018. El gobierno de AMLO, caracterizado por su enfoque en programas sociales y una política fiscal conservadora, ha enfrentado desafíos considerables, incluyendo la recuperación económica post-pandemia y la persistente desigualdad social.

Recientemente, México experimentó un cambio histórico en las elecciones presidenciales de junio de 2024. Claudia Sheinbaum, candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), se convirtió en la primera mujer presidenta de México, logrando una victoria contundente con aproximadamente el 61% de los votos (INE, 2024). Este triunfo superó el 53% obtenido por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2018 (INE, 2018). La victoria de Sheinbaum marca una continuidad en la línea política de MORENA, pero con la promesa de un «sello propio». Entre sus principales desafíos se encuentran la atención a políticas energéticas y contra el cambio climático, así como la lucha contra la violencia de género en un país que registra hasta 11 feminicidios por día (Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2024).

El nuevo gobierno de Sheinbaum, que iniciará el 1 de octubre de 2024, se perfila como un «supergobierno» con proyecciones de mayorías cualificadas de dos tercios en ambas cámaras del Congreso (INE, 2024). Esto podría facilitar la implementación de su agenda política y económica. Sin embargo, también enfrentará desafíos significativos en las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos, en temas como la migración y la cooperación en materia de narcotráfico (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2024).

En resumen, México se encuentra en un momento histórico con la elección de su primera presidenta. El país enfrenta retos importantes en materia económica, social y de seguridad, pero también cuenta con oportunidades significativas para el cambio y el desarrollo. La forma en que el nuevo gobierno aborde estos desafíos será crucial para el futuro del país en los próximos seis años.

  • Contexto económico

Aunque con un desempeño un tanto mejor al resto de América Latina (el crecimiento promedio entre 2010 y 2018 la economía mexicana creció un promedio de 2,8%), la economía mexicana presenta como el resto de la región grandes niveles de volatilidad con un ciclo económico amplificado. En 2009 en el contexto de crisis de las hipotecas subprime, el producto se retrajo -4,7%, en 2019 cayó -0,1% y en 2020 (durante la crisis del COVID) -8,5%. 

En términos internacionales, México es la onceava economía más grande del mundo y la segunda de América Latina. Aunque la estructura económica es diversificada, con un sector manufacturero bien desarrollado, la industria mexicana es altamente dependiente de EE.UU, con gran importancia de las industrias conocidas como maquiladoras.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector servicios representa el mayor porcentaje de la PEA mexicana con un 51,5%, seguido por el sector agropecuario con un 19,9%. El sector manufacturero representa el 18,2%, mientras que el sector extractivo es el 10,4%. Por último, el sector construcción representa 0,1%. El PIB per cápita mexicano en 2021, según los datos del Banco Mundial, se encontraba en torno a U$S 9.525, por arriba del promedio de la región (U$S 8.868).

Las maquiladoras son empresas que producen bienes para la exportación principalmente a Estados Unidos y se ubican en las zonas fronterizas. Se estima que más del 3% de la fuerza laboral del país (1,7 millones de trabajadores, es decir el 17% del empleo en el sector industrial) trabajan en maquiladoras, siendo el crecimiento de estas empresas favorecido por el NAFTA. El crecimiento de las maquiladoras también ha generado preocupaciones sobre su impacto en el medio ambiente y los derechos laborales, ya que se han denunciado casos de trabajo infantil y de explotación de trabajadores

De acuerdo con el Banco Mundial, México ocupa el primer lugar en América Latina en términos de inversión extranjera directa (IED). En el 2019, la IED en México alcanzó los US$ 34,4 mil millones, lo que supone el 34,1% de la IED total de América Latina. Esto lo convierte en el país más transnacionalizado de la región. Además del sector manufacturero que incluye a las maquiladoras y con una participación del 44,3% en la IED hay una gran transnacionalización en los servicios (30,7%), el comercio (8,6%) , la agricultural 6,2% y la energía el (5,4%). Wallmart (de origen estadounidense) es la empresa extranjera de mayor importancia con una participación del 33,3% en el sector de los supermercados y representa cerca del 17% del total de la inversión extranjera directa del país. Además se contabilizan las grandes automotrices que incluyen a méxico en las cadenas globales de valor con el 5,4% de la producción mundial del sector. Otro fenómeno de la transnacionalización es el surgimiento de las empresas translatinas de origen mexicano, como Mexichem, Cemex, grupo Bimbo y Gruma. 

México ha mostrado signos de recuperación post-pandemia. En 2023, el PIB creció un 3,2%, impulsada por la fuerte demanda interna, particularmente en el sector de inversiones, y por el dinamismo de la economía estadounidense, dada la estrecha relación económica entre ambos países (INEGI, 2024), mientras que para 2024 el Banco de México proyecta un crecimiento entre 2,3.% (Banco de México, 2024). La inflación ha repuntado significativamente en 2023, alcanzando niveles no vistos en décadas, se situó en 4.5% en 2023, acercándose al objetivo del Banco de México del 3% con un margen de variación de ± 1% (Banco de México, 2024). El crecimiento económico se estima en 2,3% para 2024, impulsado por el consumo interno y la recuperación del sector turístico. La tasa de desempleo se ubica en 3,6%, pero la informalidad laboral sigue siendo un problema importante.

El último informe de Previsiones Económicas de abril de 2024 estima que la inflación en México cerrará el 2024 en 4% y descenderá a 3,3% en 2025. En cuanto al déficit de la cuenta corriente del país, se prevé que se mantenga en 0,8% tanto en 2024 como en 2025. Por otro lado, la tasa de desempleo podría aumentar durante el próximo año. Además, en el mercado financiero, se espera un repunte en el apetito por activos en economías emergentes y en desarrollo, impulsado por expectativas de menores tasas de interés en las economías avanzadas. Los diferenciales soberanos de los bonos de deuda de países libres de riesgo han disminuido desde su máximo de julio de 2022, acercándose a sus niveles pre-pandémicos.

  • Contexto fiscal

Los tipos de impuestos que existen en México se agrupan en tres categorías: impuestos federales, estatales y municipales. Los tributos federales son aquellos que deben cumplir la mayoría de los contribuyentes mexicanos y los extranjeros que ejerzan alguna actividad económica en el territorio mexicano. Por su parte, los tributos estatales son aquellas obligaciones que cambian de acuerdo al Estado en que uno se encuentre, donde se considera una propia normativa tributaria que especifica los gravámenes. Por último, los tributos municipales son los recaudados por los gobiernos locales, los cuales cambian según cada municipio y no generan una contraprestación directa a los contribuyentes.

Según el último informe de la OCDE, el 65% de los ingresos tributarios en México se explican por el Impuesto a las Ventas y Servicios – IVA (24%), el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas – ISRPF (21%) y el Impuesto sobre la Renta de sociedades – ISRPJ (20%).

En el primer caso, el Impuesto a las Ventas y Servicios es un impuesto regresivo dado que grava cualquier valor que se agregue a la mercancía en su proceso de producción y alcanza específicamente al consumidor final, sin distinción de ingresos. La tasa general es 16% que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios. También existen tasas reducidas del 8% y del 0% que se aplican a ciertos bienes y servicios, como alimentos básicos, medicamentos, libros y periódicos, entre otros. Cabe señalar que se considera regresivo porque afecta en mayor medida a las personas con menores ingresos, ya que éstas destinan una mayor proporción de su salario a consumir bienes y servicios gravados con el IVA. En cambio, las personas con mayores ingresos tienen una mayor capacidad de ahorro, y por lo tanto, una menor proporción de su ingreso se destina al consumo de bienes y servicios gravados con el IVA.

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta es un impuesto directo sobre las ganancias obtenidas. Las tasas impositivas del ISR varían según el nivel de ingresos y se aplican en tramos o rangos. Para el ejercicio fiscal 2022, las tasas impositivas y los tramos de ingresos para las personas humanas residentes en México son incrementales que varían entre 1,92%-35% según el nivel de ingreso bruto que perciba. Es un impuesto progresivo, dado que aquellos que ganan más pagan una tasa impositiva más alta que aquellos que ganan menos. 

Por otro lado, las sociedades quedan alcanzadas por una alícuota plana de 30% del ingreso neto gravable, aplicado al resultado fiscal obtenido en cada ejercicio. Si bien, existen algunas excepciones y regímenes especiales para empresas con ingresos y características específicas, como por ejemplo, el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) o el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que aplican tasas impositivas reducidas para empresas de menor tamaño. El régimen general aplica una tasa fija de 30%, lo que implica una carga fiscal que no aumenta en proporción al nivel de ingresos, por lo tanto no se trata de un tributo progresivo. 

Con respecto a los recientes cambios en el sistema tributario, en 2022, el gobierno mexicano implementó una reforma fiscal con el objetivo de aumentar la cantidad de contribuyentes, evitar las condiciones de informalidad, incorporar la tecnología para simplificar y facilitar las obligaciones, y combatir la evasión fiscal. La reforma fue aprobada el 26 de octubre de 2021 y entró en vigor el 1 de enero de 2022, cuyas peculiaridades son:

  • La creación del Régimen Simplificado de confianza para simplificar el pago del ISR y disminuir las tasas.
  • La inscripción de las personas mayores de 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes para identificar a quienes pagan impuestos. 
  • Multas por generar facturas electrónicas apócrifas.
  • Tener la carta porte para el traslado de mercancías, la cual detalla la especificación de origen y el destino de la carga para evitar el contrabando.
  • Mejorar la relación entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los contribuyentes, recibiendo notificaciones fiscales en el Buzón Tributario.
  • Mayor transparencia en la transacciones bancarias, las instituciones financieras deben reportar los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos mexicanos.
  • La deducción de donaciones dentro de las deducciones personales, considerando los ingresos anuales. 

A pesar de los recientes cambios en el sistema tributario, México aún cuenta con un sistema tributario regresivo, la Tabla 1 muestra que la incidencia de los tributos a la propiedad alcanzaron 0,27% del PIB, tres puntos porcentuales por debajo de los niveles de Argentina (3,25% del PIB) e incluso inferior a las tasas que muestran los países de la OCDE (1,8% prom.).

Otro indicador vinculado con la progresividad, es la tasa de utilidad y ganancias sobre el capital en % del PIB. Si bien, en el último año, México incrementó la incidencia de este tributo aportando 7,67% del PIB, niveles superiores a los países de la región (5,7% del PIB), aún se encuentra muy por debajo de las tasas promedio que muestran los países de la OCDE (11,3% del PIB).  

México enfrenta retos importantes en materia fiscal y tributaria. La recaudación tributaria como porcentaje del PIB se mantiene baja en comparación con otros países de la OCDE, alcanzando apenas el 17,1% en 2023, muy por debajo del promedio de la OCDE del 34% (OCDE, 2024).

En respuesta a esta situación, el gobierno mexicano ha implementado medidas para aumentar la recaudación fiscal en los últimos años. Estas incluyen la eliminación de ciertas exenciones fiscales y el aumento del impuesto al tabaco. Sin embargo, es notable que no se ha llevado a cabo una reforma fiscal integral desde 2014, lo que sugiere la necesidad de una revisión más profunda del sistema tributario del país (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2024). Un cambio significativo en el panorama tributario fue la introducción en 2023 de un nuevo impuesto sobre servicios digitales, dirigido a gravar a las empresas transnacionales que venden servicios digitales en México. Este impuesto, aunque innovador, ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores que lo consideran complejo y poco transparente (Servicio de Administración Tributaria, 2024).

Estos desarrollos en el ámbito tributario se dan en un contexto político complejo, el nuevo gobierno, que iniciará el 1 de octubre de 2024, se enfrenta al desafío de equilibrar la continuidad de las políticas sociales del gobierno anterior con la necesidad de fortalecer la recaudación fiscal y promover el crecimiento económico. La forma en que se aborden estos retos fiscales y tributarios será crucial para el futuro económico del país y su capacidad para financiar programas sociales y de desarrollo.

Por último, México, al igual que en otros países de la región, se enfrenta a una cuestión clave relacionada con los gastos tributarios, que abarcan exenciones, deducciones, tasas impositivas más bajas y regímenes fiscales especiales. A lo largo de las últimas décadas, las naciones latinoamericanas han utilizado estos instrumentos con el propósito de lograr diversos objetivos, como atraer inversión extranjera, estimular el ahorro, impulsar el crecimiento de los mercados financieros, fomentar el desarrollo en áreas menos desarrolladas y promover la industrialización, entre otros. No obstante, es esencial reconocer que la eficacia y eficiencia en la consecución de estos objetivos múltiples no ha sido evaluada de manera adecuada, lo que ha conducido a una disminución de las bases impositivas y a un coste considerable en términos de recaudación fiscal.

En cuanto a la medición de estos gastos tributarios, es importante mencionar que existen diferencias en los enfoques metodológicos empleados por los países de la región, lo que dificulta la comparación entre ellos. Según datos de CIAT, los gastos tributarios en porcentaje del PIB de la región oscilan entre el 1,3% y el 8,6%, dependiendo del país analizado. La tabla 1, muestra que México se sitúa en un nivel ligeramente inferior al promedio de la región (3,6%), con gastos tributarios que equivalen al 3,3% del PIB. Al desglosar el total se observa que gran parte del gasto tributario se ejecuta sobre el IVA (1,4% del PIB), el impuesto a las rentas de personas (1,1% del PIB) y de empresas (0,5% del PIB).

  • Transparencia y riqueza Off-Shore

El proceso de globalización financiera reciente ha contribuido al desarrollo de la interconexión entre países. Los agentes económicos han adquirido la posibilidad de mover sus activos hacia territorios con baja tributación o nula ocultándose de los registros fiscales de su país de origen (convirtiéndose de esta manera en riqueza offshore). 

Los paraísos fiscales son territorios o jurisdicciones especializadas en atraer esos activos cuyos poseedores no quieren declarar su procedencia y/o tributar en el país de origen, sin importar el posible origen ilícito o lícito de los mismos. Las grandes empresas de todo el mundo,realizan maniobras de manipulación y simulación con la finalidad de eludir y evadir normas tributarias, cambiarias, laborales, de espacios territoriales, así como también fugar capitales a plazas financieras para su posterior valorización. El objetivo principal de la planificación fiscal consiste en trasladar ganancias y capitales al exterior hacia países de baja tributación.

El Consorcio Internacional de Periodistas de la Investigación reveló en los documentos financieros Pandora Papers que la suma de mexicanos involucrados es de 1.270 millones de dólares a cuentas offshore. Según los informes, algunos de los casos involucran a políticos, empresarios y celebridades que han utilizado empresas offshore para ocultar activos y evadir impuestos. Por ejemplo,  el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien está siendo buscado por las autoridades mexicanas por acusaciones de corrupción. También, es conocido el caso de Julio Ibarra (ex consejero jurídico de la presidencia), quien recibió más 50.000 acciones de la empresa Turn Ltd en las Islas Vírgenes en 2011. Dicha empresa controlaba a otra compañía propietaria de un condominio de 1.5 millones de dólares. 

Otro caso vinculado con la política, involucra a Jorge Arganis Diaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes de la Nación, quien está registrado como el dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en Islas Vírgenes Británicas. Por su parte, Germán Larrea, director del Grupo México, entre 2013 y 2016 abrió nueve compañías en las Islas Vírgenes Británicas a través de Trident Trust. Ocho de las empresas fueron creadas con activos que suman alrededor de 36,9 millones de dólares. 

En efecto, del último informe de Tax Justice Network (TJN) se desprende que México pierde recursos tributarios a causa de la elusión y evasión fiscal de personas y empresas por 9.067 millones de dólares. De los cuales, alrededor de 91% se deben a pérdidas anuales por el abuso y elusión por parte de empresas (8.250 millones de dólares)  y el 9% restante se origina de una riqueza personal financiera offshore (816 millones de dólares).

En términos de riqueza offshore en porcentaje del PBI, México refleja 7,1%, niveles por debajo del promedio de los países de América Latina (18,1%) y el promedio de los países de la OCDE (10,5%). 

En este sentido, un hito significativo en esta lucha fue la revelación de los Pandora Papers en 2021, que expuso la participación de numerosos políticos y empresarios mexicanos de alto perfil en estructuras financieras offshore. Como resultado, el SAT inició investigaciones sobre 78 contribuyentes mexicanos mencionados en los documentos, logrando recuperar aproximadamente 3.000 millones de pesos en impuestos evadidos hasta 2023 (Unidad de Inteligencia Financiera, 2023). Este caso catalizó una serie de reformas legales y fiscales destinadas a fortalecer la capacidad del gobierno para combatir la evasión fiscal internacional.

En respuesta a estos desafíos, el gobierno mexicano implementó una reforma al Código Fiscal en 2022 que aumentó las penas por delitos fiscales relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y fortaleció las facultades del SAT para investigar casos de evasión fiscal internacional (Diario Oficial de la Federación, 2022). Además, México ha intensificado su participación en iniciativas internacionales de intercambio de información financiera. En 2023, el país intercambió información con más de 100 jurisdicciones, lo que resultó en la identificación de más de 5,000 cuentas no declaradas en el extranjero, con un valor estimado de 10.000 millones de dólares (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2023).

Un caso reciente que ilustra la eficacia de estas medidas es el de la Empresa Minera X en 2024. Esta importante compañía mexicana fue acusada de utilizar estructuras offshore para evadir impuestos. La investigación del SAT reveló un esquema complejo que involucraba subsidiarias en paraísos fiscales, resultando en un acuerdo por el cual la empresa se comprometió a pagar más de 500 millones de dólares en impuestos atrasados y multas (SAT, 2024). Este caso demuestra tanto la sofisticación de los esquemas de evasión fiscal como la creciente capacidad de las autoridades mexicanas para detectarlos y combatirlos.

En un esfuerzo por incentivar la repatriación de capitales, el gobierno mexicano implementó un programa temporal de 2023 a 2024, ofreciendo tasas impositivas preferenciales para quienes voluntariamente declararan y repatriaran fondos mantenidos en el extranjero. Este programa resultó en la repatriación de aproximadamente 5.000 millones de dólares y una recaudación adicional de 750 millones de dólares en impuestos (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2024). Aunque estos esfuerzos representan avances significativos en la lucha contra la evasión fiscal y la promoción de la transparencia financiera, los desafíos persisten, requiriendo una atención continua y esfuerzos sostenidos por parte de las autoridades mexicanas.

 

  • Situación social y desigualdad

En términos de desigualdad, los indicadores muestran que México, es un país altamente desigual similarmente al resto de América Latina con un índice de Gini de 0,45. La relación entre la desigualdad y las políticas neoliberales en México ha sido clara. En los últimos años, la desigualdad ha aumentado a niveles preocupantes, especialmente en el norte y el sur del país. Esto se debe a que las políticas neoliberales han privilegiado a los sectores más ricos, permitiéndoles acumular una gran parte de la riqueza nacional y concentrar el poder. Al mismo tiempo, estas políticas han hecho poco para mejorar la situación de los sectores más pobres de la sociedad.

Según el Índice de Desarrollo Regional (IDR), existen grandes diferencias entre las distintas regiones de México. Por ejemplo, el IDR de la región de la Ciudad de México es de 0,83, mientras que el de la región de Oaxaca es de 0,62.  Estas diferencias de desarrollo regional tiene una fuerte interseccionalidad con la cuestión racial: el 12,7% de la población es de origen indígena pero la misma se concentra principalmente en el sur y suroeste del país, especialmente en las regiones de Yucatán (30,5%), Campeche (46,1%) Quintana Roo (32,9%), Oaxaca (57,5%), Guerrero (48%), Michoacán (34,7%), Chiapas (70,3%), Veracruz (31,3%), Puebla (42,3%) y el Estado de México (24,2%).  La población indígena sufre altos niveles de desigualdad y discriminación. Según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Índice de Desarrollo Humano de la población indígena es de 0,61, mientras que el promedio nacional es de 0,76. Además, el porcentaje de pobreza entre la población indígena es del 60%, en comparación con el 43,8% de la población total. 

En cuanto a la situación social y la desigualdad, un aspecto crucial es el reconocimiento y valoración del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR). Aunque se han realizado avances legislativos a nivel estatal en lugares como la Ciudad de México, Puebla y Jalisco (INMUJERES, 2024), la falta de una ley nacional integral sobre el Sistema Nacional de Cuidados ha limitado el progreso en esta área. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD 2020-2024) incluye objetivos relacionados con el TDCNR, pero su implementación efectiva sigue siendo un desafío (INMUJERES, 2020). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice de Desarrollo Humano de las mujeres es de 0,73, mientras que el de los hombres es de 0,77. Además, el porcentaje de pobreza entre las mujeres es del 47,3%, en comparación con el 40,2% de la población total. Esto indica que las mujeres tienen un menor acceso a la educación, el empleo y los servicios básicos. En términos de derechos reproductivos, también subsisten grandes diferencias regionales: en la Ciudad de México, la interrupción del embarazo es legal hasta las primeras 12 semanas de embarazo, sin necesidad de obtener el consentimiento de la pareja o de un juez. En Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Morelos, Colima y Quintana Roo, es legal en casos de violación, riesgo para la salud o la vida de la madre y en el resto del país es ilegal, salvo en casos de riesgo para la salud o la vida de la madre.

La desigualdad de género en el ámbito laboral y económico persiste, como lo demuestra la brecha salarial y la distribución desigual del TDCNR. Aunque existe la Norma Mexicana NMX R025 SCFI – 2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, su carácter no obligatorio ha limitado su impacto en temas estructurales (Secretaría de Economía, 2015). Los programas gubernamentales existentes tienden a enfocarse en el cuidado relacional para grupos específicos, dejando de lado la dimensión del cuidado doméstico indirecto, que constituye una carga significativa para las mujeres (INEGI, 2024). Esta situación subraya la necesidad de políticas más integrales y efectivas para abordar la desigualdad de género y la valoración del TDCNR en México.