Resumen ejecutivo

• El objetivo de este documento es dar cuenta de la estructura socioeconómica, protección social y fiscal de la Argentina, características, participación y evolución de los principales indicadores económicos, sociales y fiscales, vinculando con el contexto político reciente.
• En materia de desigualdad, el Coeficiente Gini argentino alcanza 0,46 en el primer trimestre del 2024, mientras que el del promedio de América Latina es 0,44, según los datos más recientes. Asimismo, la participación en el ingreso del 10% mejor remunerado es del 29,8% en Argentina mientras que en los países de América Latina la participación de este segmento asciende a 34,2%. 
• Los deciles con ingresos más altos concentran la mayor parte de la riqueza, el 1% más rico de la población se apropia del 13,4% de la renta, mientras que en América Latina es del 20,44%. 
• El sistema tributario argentino es federal, lo que implica la participación de diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial, municipal e interfederal) en la política y administración tributaria. A nivel nacional solo 4 tributos explican casi el 80% de la recaudación: Impuesto al Valor Agregado- IVA (34%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (21%), Impuesto a las Ganancias (20%) y Derechos de Exportación (3,6%).
• Recientemente se han realizado cambios en la política tributaria que empeorarán la progresividad del sistema, como la fuerte reducción de alícuotas del Impuesto sobre los Bienes Personales. Por otro lado, la reintroducción del Impuesto a las Ganancias puede incrementar los niveles de progresividad tributaria, aunque el bajo mínimo no imponible provocará que alcance a trabajadores de ingresos medios. En los últimos años se han creado nuevos tributos como el Impuesto PAIS y el Aporte Solidario, con una incidencia progresiva originalmente. Sin embargo, al extender el Impuesto PAIS al conjunto de las importaciones se anula su carácter progresivo. 
• Argentina ha aumentado la progresividad del sistema en comparación con países de la región, la incidencia de los tributos a la propiedad representa 2,91% del PIB, es la más alta a nivel regional (0,84 en %PIB). 
• Con respecto a las políticas redistributivas y de protección social, el país ha implementado programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que brindan transferencias de dinero a los hogares con hijos menores de 18 años. Estas asignaciones están condicionadas a la escolarización de los niños y al cumplimiento de controles de salud obligatorios.
• Más del 58% de los niños y adolescentes menores de 14 años son pobres, y un 18,9% viven en la pobreza extrema, lo que significa que sus hogares no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades alimentarias básicas. Las principales políticas de contención para esta población son la AUH y la Tarjeta Alimentar. En 2022, el gasto social argentino fue del 14,6% del PIB, 1,5 puntos porcentuales por arriba del nivel de los países latinoamericanos (13%) y ligeramente por debajo de los países de la OCDE (20%). Sin embargo, durante el primer semestre de 2024, el gasto en Asistencia Social cayó un 50% en términos reales respecto al mismo período del año anterior, con recortes en programas clave como Potenciar Trabajo (-72,3%ia.) Economía Social (-99%ia.) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-79,9%ia.)
• La educación pública y gratuita abarca a aproximadamente el 72% de los estudiantes en los niveles inicial, primario y secundario. Sin embargo, la tasa de finalización secundaria es del 65,4%, ligeramente superior al promedio de América Latina (64,6%)y lejos del promedio de la OCDE. En términos de financiamiento educativo, el objetivo de destinar el 6% del PBI en educación se cumplió sólo en 2014 y en 2022 se alcanzó un 4,65% del PBI.
• El sistema previsional en Argentina se basa en un régimen de reparto administrado por el Estado. Actualmente, cerca del 90% de los adultos mayores están cubiertos por el sistema, gracias a las moratorias previsionales que permiten jubilarse a aquellos que no cumplen con los años de aporte requeridos.
• Argentina ha logrado importantes avances en el reconocimiento de derechos para las mujeres y personas LGBTQ+. Fue el primer país de América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo su territorio nacional. En 2020 se promulgó la ley de interrupción legal del embarazo y se están realizando esfuerzos para incorporar el enfoque de género en las políticas públicas.
• A pesar de los avances, las desigualdades de género en lo económico persisten que afectan a las mujeres. La brecha salarial se sitúa en alrededor del 30% y el desempleo afecta especialmente a las mujeres jóvenes.
• En términos de transparencia y riqueza offshore, Argentina se encuentra dentro del grupo de los países con mayores fondos en paraísos fiscales, con un 8,4% de su PIB se ubicó levemente por debajo de los niveles que presentan los países latinoamericanos (14%). Según el informe de Tax Justice Network (TJN), Argentina sufre pérdidas tributarias significativas debido a la elusión y evasión fiscal, con un monto estimado de 2.684 millones de dólares en 2020. La mayoría de estas pérdidas provienen del abuso y elusión por parte de empresas. 
• Un caso relevante en Argentina es el Grupo Techint, conformado por empresas dedicadas a la elaboración de tubos sin costura a nivel global. Este grupo ha utilizado una estructura en Uruguay para evadir regulaciones fiscales, laborales y cambiarias, contando con 14 empresas offshore. Estas empresas no aportan valor a la producción de bienes y obtienen ganancias mediante la manipulación de precios de transferencia. 

• Contexto político

Argentina es un país Republicano y Federal. Debido al carácter federal de su organización política, la Argentina posee dos estructuras paralelas de gobierno: por un lado la estructura nacional, con sus tres poderes; y por otro las 23 estructuras provinciales —que preexisten a la Nación— más la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen autonomía y son gobernadas por sus propias autoridades.

El Gobierno Nacional está dividido en tres poderes y su organización responde a la Constitución Nacional: el poder Ejecutivo representado por el Presidente, Vicepresidente y Ministros que se renueva cada cuatro años por sufragio directo y obligatorios y con la posibilidad de reelegir por un mandato, el Poder Legislativo conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y el Poder Judicial conformado por los tribunales inferiores y la Corte Suprema. La Justicia Federal con competencia en todo el país que atiende en materia de estupefacientes, contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, y otros delitos que afectan a la renta y a la seguridad de la Nación

A nivel Federal, las Provincias tienen sus propias constituciones, gobernadores y Poderes Legislativos y Judiciales. Cada provincia constituye un estado autónomo que ejerce todo el poder no delegado expresamente a la Nación y tiene competencias legislativas en los términos establecidos en sus respectivas constituciones en las que de forma expresa manifiestan su adhesión a la República. Las legislaturas provinciales son los órganos del poder legislativo de cada provincia federada a la República Argentina. Existen provincias que cuentan con cámara de diputados y senadores, y otras con un sistema unicameral. Los tribunales provinciales tienen competencia en los casos que no son de competencia federal.

Como País Federal, gran parte de la orientación política depende de los Estados Subnacionales (Provincias). Además, dentro de las provincias, los municipios tienen un cierto grado de autonomía que no es uniforme, sino que se define según la Ley Orgánica de Municipalidades y cada una de las Constituciones Provinciales.

En términos de organización política, durante gran parte del S. XX, la política Argentina estuvo atravesada por Golpes de Estado Militares que limitaron la democracia. Desde el año 1983, existe una continuidad de gobiernos democráticos, y aunque en varias oportunidades no finalizaron su mandato debido a la situación social y económica el sistema democrático se respetó. La orientación ideológica de los gobiernos fue muy variada y abarcan desde el neoliberalismo en la década de los noventa al progresismo latinoamericanista durante la década de los 2000 y primeros años de la década del 2010.

Luego de una larga experiencia neoliberal que dejó profundas huellas en la sociedad y la economía argentina e incluyó la dictadura militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), el gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) y de la Alianza (1999-2001), sobrevino una crisis política y económica que manifestó las inconsistencias del proceso de valorización financiera, endeudamiento externo y desindustrialización.  La crisis política, económica e institucional de 2001 se inició en 1998 y finalizó en 2002. En diciembre de 2001 sobrevino una revuelta popular generalizada bajo el lema «¡Que se vayan todos!», que causó la renuncia del entonces presidente de la Argentina Fernando de la Rúa. Durante ese año. la fuga de divisas sumó US$ 15.771 millones y la economía se encontraba en una triple crisis: de deuda, bancaria y fiscal. Luego de las protestas de diciembre y la renuncia de De La Rúa, se abandonó el patrón monetario de la convertibilidad, se devaluó la moneda y los niveles de pobreza superaron el 40%. Luego del estallido social e institucional de la convertibilidad, la situación comenzó a reconstituirse y surgió un nuevo gobierno dentro del seno del propio partido peronistas que supo incluir tanto a proyectos nacionalistas, industrializadores y distributivos en las tres presidencias de Juan Perón como proyectos neoliberales como el de Carlos Menem. 

Durante los 12 años de las presidencias Kirchneristas (Nestor Kirchner, 2004-2007 y Cristina Fernandez de Kirchner, 2007-2015), Argentina experimentó una gran recuperación económica y en términos políticos, se recuperó la independencia económica a través de la renegociación de la deuda con acreedores privados y el pago adelantado al FMI que permitió romper relaciones con el organismo. También se profundizaron los lazos con otros gobiernos latinoamericanos y las relaciones sur-sur. 

En diciembre de 2015 asume la presidencia Mauricio Macri, liderando un espacio de derecha liberal. El resultado de los cuatro años de gobierno de Macri fue un incremento exponencial del endeudamiento externo, incluyendo una deuda de casi 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

En diciembre de 2019 asume el gobierno el Frente de Todos (FDT) una alianza entre peronistas kirchneristas y no kirchneristas y otros partidos minoritarios de índole progresista. Sin embargo, la Alianza Cambiemos retuvo una gran parte de las plazas legislativas tanto en la Cámara de Senadores como en diputados, lo que sumado a las tensiones internas, el endeudamiento heredado y el vínculo con el FMI, la crisis del COVID y la guerra limitó las posibilidades de revertir la mayor parte de cambios que significó el gobierno anterior.

La agudización de la crisis explicada por la sequía del año 2023, que agravó la severa restricción externa que vivía el país, fue el escenario propicio para el surgimiento de un espacio de extrema derecha liderado por Javier Milei. Este espacio es una alianza hegemonizada por La Libertad Avanza, el espacio libertario o anarco capitalista, junto a sectores minoritarios que incluyen sectores de ultraderecha militar expresados por la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, una abogada dedicada a defender a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Los primeros meses del gobierno de Milei son una expresión de su plataforma: un brusco giro a postura ultraliberales en lo económico como baja de impuestos a los ricos, desregulaciones en el comercio, eliminación de la obra pública y caída en la ayuda social; combinado con posturas ultraconservadoras en lo social como endurecimiento de penas, impulso a la baja de la edad de imputabilidad, represión a la movilización social, estigmatización de sindicatos y dirigentes sociales, apoyo a la reversión de políticas como el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo.

• Contexto económico

En términos macroeconómicos, la economía argentina presenta una gran volatilidad: en 2020 cayó 9,9% por la pandemia, en 2021 reportó un crecimiento de 10,7%, y del 5% para 2022. Durante 2023 su producto reportó una caída del 1,6%, y para el 2024 el FMI estima una contracción del 3,5% del PIB argentino . Respecto de la evolución de los ingresos y la distribución durante los últimos 6 años, los salarios de los trabajadores disminuyeron significativamente, en un derrotero que comenzó en 2018 y que se sostuvo durante los diferentes signos políticos que gobernaron en el período. Durante los primeros seis meses de la presidencia de Javier Milei, los salarios promedios cayeron 15,8% en términos reales, resaltando la caída del 24% de los ingresos del sector informal de la economía.

Argentina constituye, junto con Brasil, Uruguay y Paraguay el bloque económico del Mercosur, siendo China y luego Brasil sus principales socios comerciales. Su inserción internacional, y mayor fuente de divisas, se da fundamentalmente por la exportación de productos agropecuarios (especialmente granos como soja, maíz y trigo), aunque también revisten de importancia los intercambios de productos industriales intra mercosur. 

Desde la década de 1930 hasta la dictadura militar de 1976, Argentina experimentó un proceso de industrialización sustitutivo en coincidencia con las mayores economías latinoamericanas, altamente dependiente de las importaciones de insumos que impulsó la distribución y el incremento de los ingresos. Actualmente, el sector industrial continúa siendo esencialmente mercado interno y es muy relevante en términos de empleo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad industrial representa el 25,6% del PBI y genera el 22,4% del trabajo registrado.

Entre 1976 y 1983, una dictadura cívico-militar gobernó la Argentina. Llevó una política cruenta y represiva contra los sectores del trabajo y de ideología peronista, de izquierda y progresista. En el plano económico se impulsaron cambios estructurales: la apertura económica, desindustrialización y financiarización de la economía. Durante el período se inauguró el primer ciclo de mega-endeudamiento externo que sería uno de los grandes problemas de la economía argentina. En 1983 regresó la democracia de la mano del Radicalismo y el Dr. Raúl Alfonsín, pero la herencia en cuanto a endeudamiento sumado al contexto de crisis internacional perpetuó los cambios estructurales que estableció la dictadura. En 1989 llegó al gobierno nuevamente el peronismo, y se mantuvo en el gobierno durante 10 años hasta 1999. Sin embargo, pese a las previsiones y las promesas de campaña se aplicó un programa de corte fuertemente neoliberal alineado con el Consenso de Washington que privatizó la mayoría de las empresas públicas, estableció un modelo monetario de convertibilidad con el dólar nuevamente generó un ciclo de mega-endeudamiento externo. 

En el año 1998, el modelo neoliberal de financiarización y endeudamiento mostró síntomas de agotamiento, con un desempleo persistente y cada vez mayores dificultades para conseguir fondos y sostener la convertibilidad de la moneda. La crisis económica llevó a que en 2001 estalle una crisis bancaria que terminó desatando la salida del gobierno y una crisis institucional que recién se encauza a partir de 2004 con el nuevo gobierno de Nestor Kirchner, también del partido peronista pero que aplicó una política muy distinta a la del menemismo que asumió por el mismo partido. 

Durante el ciclo de gobiernos kirchneristas, se desmontaron gran parte de los condicionamientos que el neoliberalismo había logrado instalar exitosamente en la economía argentina. Sin embargo, desde 2012 en el contexto de crisis internacional la actividad se estancó. Casi la totalidad del período de gobierno del segundo mandato de Cristina Kirchner (2011-2015) coincidió con la crisis internacional de las subprime en 2009, ralentizó el crecimiento en todo el mundo y tuvo consecuencias en toda América Latina. Sin embargo, no se frenó el proceso de cambio estructural iniciado: entre las principales medidas, se re estatizó el sistema previsional que había sido privatizado durante el gobierno de Menem, se recuperó el control sobre la mayor empresa de la economía y también mayor empresa nacional de petróleo (YPF), y se impulsaron políticas distributivas de contención y transferencia de ingresos a los sectores de menores ingresos. 

Entre 2016 y 2019, gobernó la coalición de centro derecha Alianza Cambiemos, el tercer ciclo neoliberal que llevó a cabo el último proceso de endeudamiento explosivo de la economía argentina. A partir de 2018 cuando los mercados internacionales limitaron el acceso al crédito internacional, la economía argentina entró en una crisis severa que persistió durante los últimos dos años del gobierno de Macri. 

En diciembre de 2019 asume el gobierno el Frente de Todos (FDT). Sin embargo, no pudo realizar los cambios prometidos en materia económica por la tensa negociación con acreedores y especialmente el FMI, además de la crisis del COVID, la guerra Rusia-Ucrania que provocó un incremento internacional de los alimentos y de las tensiones internas con los sectores exportadores, y la sequía ocurrida durante 2023 que agotó las divisas netas existentes en el Banco Central precipitando la crisis.

En ese escenario fue ganando legitimidad las ideas libertarias encarnadas por Javier Milei. Su propuesta consiste en la demolición del Estado y el abandono de toda regulación económica. El actual presidente Milei es un claro defensor de la dolarización de la economía argentina, aunque recientemente fue virando a posturas intermedias como la “competencia de monedas”, viraje que acompaña el Fondo Monetario Internacional.

• Contexto fiscal

La política tributaria surge de la conjunción de la política del Estado Nacional, de las Provincias y Municipios, por lo que no es homogénea en todo el territorio. En general, como se desprende de la Constitución Nacional, está a cargo del poder legislativo pero en algunos casos hay facultades específicas otorgadas al ejecutivo. Por otro lado, la administración tributaria (cobro  y fiscalización) está a cargo del ejecutivo de cada nivel de gobierno. El principal organismo que interviene a nivel Nacional es la AFIP (DGI y DGA), mientras que las provincias tienen sus propias administraciones tributarias.

En síntesis, el sistema tributario argentino es federal y en general se identifican tres actores relevantes que según el nivel de gobierno (Nacional, Provincial, Municipal e Interfederal) intervienen tanto en la política como en la administración tributaria. Con respecto a la cantidad de tributos nacionales, la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía (Mecon) es la encargada de informar todos los años la estructura de tributos vigentes, del último informe publicado se desprende que en 2023 Argentina contaba con 28 Tributos Nacionales. Solo 4 explican más del 80% de la recaudación en 2021: el Impuesto al Valor Agregado- IVA (34,4%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (21,6%), Impuesto a las Ganancias (20,4%) y Derechos de Exportación (3,6%). Se aclara que los derechos de exportación suelen representar un guarismo mayor, cercano al 8%, aunque en 2023 representó mucho menos por la sequía que disminuyó los volúmenes exportables.

El IVA, es el principal generador de recursos tributarios recae sobre todas las fases de los ciclos de producción y distribución e impone en forma generalizada a las prestaciones de servicios. Posee una alícuota general del 21% que recae sobre todos los consumidores finales, y alícuotas especiales que van desde 10,5% hasta 27% para bienes de la canasta básica y servicios de energía, respectivamente. Al tratarse de un impuesto indirecto, es considerado uno de los tributos más regresivos, afectando en mayor medida a las personas de menos recursos, en especial mujeres.

Por otro lado, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, tal como su nombre lo indica se trata de un aporte mensual que realiza el empleador por cada trabajador, en general se considera un compromiso futuro de los empleadores hacia sus empleados, debido a su incidencia es necesario considerar su impacto en los trabajadores y trabajadoras debido a su funcionamiento práctico y su carácter obligatorio. Posee una alícuota plana del 24% por cada dependiente a cargo, es decir, el empleador aporta el mismo porcentaje por cada trabajador ya sea que gane un salario mínimo o que se ubique entre las remuneraciones más altas. Lo recaudado por la Administración Tributaria se destina directamente a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Por otro lado, el tercer impuesto más relevante, Impuesto a las Ganancias, grava la obtención de renta o ganancias por personas humanas, jurídicas o demás sujetos. Se trata de un impuesto directo y progresivo dado su incidencia crece con la capacidad de pago del contribuyente. Los asalariados son afectados cuando su remuneración supera un mínimo no imponible (MNI), y pagan porcentajes crecientes sobre el excedente de este monto. Posee una alícuota progresiva que va desde 5% a 35% para personas humanas y de 25% a 35% para sociedades.

Por último, Derechos de Exportación, grava la exportación para consumo de mercaderías y las prestaciones de servicios realizadas en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. En general, es considerado un instrumento útil para desacoplar los precios internacionales de los domésticos, mediante el cobro del tributo el exportador pierde competitividad y podría tener incentivos a venderlos en el mercado local. Podría ser considerado como un tributo progresivo en el sentido de que su incidencia es mayor en los productos que tienen demanda internacional alta como Soja, Trigo y Maíz, y menor en aquellos productos que generan valor agregado en el país.

Si bien durante el gobierno del Frente de Todos hubo cambios en la política tributaria (alícuotas y bases imponibles) que mejoraron la progresividad del sistema tributario, como el incremento de las alícuotas del Impuesto sobre los Bienes Personales y la actualización de mínimo no imponible ajustado por inflación en el Impuesto a las Ganancias la matriz continúa siendo sumamente regresiva. Sólo se creó un impuesto transitorio, Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que comenzó a regir a partir de diciembre del 2019 y sigue vigente por el término de 5 años. En materia fiscal este nuevo impuesto tuvo originalmente una clara incidencia progresiva dado que afecta a la población con mayores recursos al gravar las operaciones de compra de moneda extranjera. En 2020, la recaudación de este impuesto representó el 0,5% del PIB. Sin embargo, el nuevo gobierno de Javier Milei generalizó una alícuota del 17,5% de Impuesto PAIS para todas las importaciones de bienes y servicios, por lo que deja de ser un impuesto progresivo. 

En el contexto de la emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID se creó el Aporte Solidario, que fue sancionado con carácter de emergencia por el Congreso de la Nación, y por única vez. Siendo sus objetivos primordiales la equidad y la solidaridad, quedan alcanzadas personas humanas y sucesiones indivisas residentes y no residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior. En el caso de no residentes, quedan alcanzados por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones al 18 de diciembre de 2020.

Entre otras medidas, la Ley de Solidaridad de 2019 implementó cambios en las alícuotas de Bienes Personales. A partir de 2020, se establece un esquema de incrementos y diferenciales con una alícuota máxima de 2,25% para aquellas personas que tienen bienes en el exterior, con posibilidad de pagar una alícuota menor en el caso de repatriar activos. En el caso de las sociedades que actúan como sustitutos, la reforma establece una suba de alícuotas de 0,25% a 0,5%. También se modificó el concepto de domicilio por residencia con el fin de evitar maniobras elusivas. En efecto, la recaudación del impuesto se triplicó, pasó de recaudar 0,25 puntos del PIB en 2019 a 0,75% del PIB en 2020. 

Sin embargo, la recientemente aprobada Ley Bases establece un cronograma de reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales a un mínimo de 0,25% para todas las escalas a partir de 2027. Estos cambios seguramente provocarán un aumento en la regresividad del sistema.

En efecto, los indicadores de la Tabla 1 muestran que Argentina aumentó la progresividad del sistema tributario nacional en los últimos años, la incidencia de los tributos a la propiedad alcanzaron 2,91% del PIB, es la más alta a nivel regional (0,84 en %PIB) e incluso casi duplicó los niveles que muestran los países de la OCDE.

Otro indicador vinculado con la progresividad, es la tasa de utilidad y ganancias sobre el capital en porcentaje del PIB. Si bien, Argentina incrementó la incidencia de este tributo aportando 5,7% del PIB, niveles similares a los países de la región (6,5% del PIB), aún se encuentra muy por debajo de las tasas promedio que muestran los países de la OCDE (12% del PIB).  

Por último, cuando se analiza el gasto tributario a nivel nacional como el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que beneficia o favorece el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos. Se observa que en los últimos años hubo una leve reducción del gasto tributario en porcentaje del PIB. Según el último informe de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, el gasto tributario total pasó de 2,9% del PIB en 2019 a 2,49% del PIB en 2023. 

El IVA explica el 54,7% de los gastos tributarios totales, con un monto de $2.006, 45 mil millones (1,36% del PIB). En particular, el 86,6% tiene origen en las exenciones y alícuotas reducidas -establecidas en la ley del tributo- y el resto, corresponden a beneficios otorgados por diversos regímenes de promoción económica. Le siguen en importancia, los gastos tributarios que afectan al Impuesto a las Ganancias que representan el 20,6% del total y equivale a 0,51% del PIB proyectado. Por último, los gastos tributarios que afectan al Impuesto sobre los Combustibles representan 11,7% del total y equivalen al 0,36% del PIB de 2023 estimado, que se origina principalmente por las diferencias entre las sumas fijas aplicadas sobre las ventas de naftas y de gasoil y en la exención que rige para los combustibles utilizados en la zona sur del país.

• Transparencia y riqueza off-shore

El proceso de globalización financiera reciente ha contribuido al desarrollo de la interconexión entre países. Los agentes económicos han adquirido la posibilidad de mover sus activos hacia territorios con baja tributación o nula ocultándose de los registros fiscales de su país de origen (convirtiéndose de esta manera en riqueza offshore)

Los paraísos fiscales son territorios o jurisdicciones especializadas en atraer esos activos cuyos poseedores no quieren declarar su procedencia y/o tributar en el país de origen, sin importar el posible origen ilícito o lícito de los mismos. Las grandes empresas de todo el mundo,realizan maniobras de manipulación y simulación con la finalidad de eludir y evadir normas tributarias, cambiarias, laborales, de espacios territoriales, así como también fugar capitales a plazas financieras para su posterior valorización. El objetivo principal de la planificación fiscal consiste en trasladar ganancias y capitales al exterior hacia países de baja tributación.

Un caso destacable y reciente para Argentina es el Grupo Techint, este grupo está conformado por empresas dedicadas principalmente a la elaboración de tubos sin costura a nivel global. En las últimas décadas, el grupo se internacionalizó a nivel productivo (México y EEUU) y financiero (Uruguay). De hecho, tiene montada una estructura grande en Uruguay que no sirve para producir excedente sino para escapar de regulaciones fiscales, laborales y cambiarias. Existen 14 empresas offshore pertenecientes al grupo Techint en Uruguay. En 2021, estas empresas se constituyen como cáscaras sin tener capital fijo, fugan divisas y eluden impuestos en Argentina por un valor equivalente al 13% del PIB uruguayo. 

Cabe destacar que la ganancia de estas 14 empresas proviene de la compra de bienes a un valor por debajo del precio de mercado para luego ser vendidos por un valor de mercado acorde. Es decir, estas empresas, algunas están registradas como PYMES a pesar de su millonaria facturación, no agregan ningún valor a la producción de bienes por lo tanto las ganancias provienen del desvío en los precios de transferencia.

Además, en Argentina, el Grupo Techint no sólo participará de la obra pública más importante del país, el Gasoducto Néstor Kirchner (GNK) sino que se beneficiará del transporte y distribución del gas y el petróleo posteriormente, a través de cuatro empresas del Grupo. 

En efecto, del último informe de Tax Justice Network (TJN) se desprende que Argentina pierde recursos tributarios a causa de la elusión y evasión fiscal de personas y empresas por 2.684 millones de dólares. De los cuales, más del 88% se deben a pérdidas anuales por el abuso y elusión por parte de empresas (2.341 millones de dólares)  y el 12% restante se origina de una riqueza personal financiera offshore (343 millones de dólares).

En este mismo sentido, en términos de riqueza offshore en porcentaje del PIB, Argentina se ubicó en 2022 en el decimotercer lugar del ranking de países con mayores fondos en paraísos fiscales sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de cada país. Con un 8,4% de su PIB, sólo fue superado por Paraguay (29,1%), Chile (17,1%)  a nivel regional.

• Contexto social y desigualdad

Las principales políticas redistributivas y de protección social implementadas por el gobierno se encuadran en las transferencias condicionadas a la niñez y una gran amplitud de la cobertura previsional. 

El programa Asignación Universal por hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE)  se remonta al año 2010, y consiste en la transferencia de un monto de dinero mensual a los hogares con hijos menores de 18 años cuando ninguno de los progenitores cuenta con un ingreso registrado (UsS 162,30 por hijo menor o embarazo hasta un máximo de 4 asignaciones). Como contrapartida, las familias deben sostener la escolarización de las y los hijos en edad escolar y cumplir con los controles de salud obligatorios. En el año 2019, el gobierno actual sumó un programa de refuerzo alimentario para los hogares con menores de hasta 10 años, que luego fue ampliado hasta 14 años inclusive (Tarjeta Alimentar).

Respecto al sistema previsional, la misma está basada en un régimen de reparto administrado por el Estado Nacional y se financia con aportes de los Trabajadores Activos y del Tesoro Nacional. En el año 2009, el Sistema privado de Jubilaciones y Pensiones se nacionalizó y a partir de ese momento se amplió sensiblemente la cobertura previsional. Actualmente, la misma alcanza casi un 90% de los adultos mayores, muy por encima del promedio de América Latina y cercana a los países de la OCDE. Para alcanzar esto fueron centrales las moratorias previsionales que permiten jubilarse a adultos mayores que no contaban con los reglamentarios años de aporte. 

Durante la crisis del Covid, se implementaron medidas de emergencia que reforzaron el sistema de contención social: se incrementaron las transferencias de la AUH y se implementó un Programa de Transferencias de Emergencia (IFE) que tuvo una cobertura de más de 8 millones de personas. Las medidas aplicadas durante el período generaron que 

Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años son pobres: (según datos oficiales al segundo semestre de 2022 el 50,9% de los niños, niñas y adolescentes era pobre). Además, 12,7% son pobres indigentes, es decir que sus hogares no tienen ingresos suficientes para cubrir las mínimas necesidades alimentarias. Las principales políticas de contención para esta población, consisten en la AUH y la Tarjeta alimentar. 

Casi la cuarta parte de la Población Argentina corresponde a niños, niñas y adolescentes en edad escolar por lo que la escolarización en este contexto, resulta de suma importancia para la contención de las niñeces y adolescencias por parte del Estado. La Educación pública y gratuita abarca a un alto porcentaje de la matrícula: el 72% de las y los estudiantes de los niveles inicial, primario, y secundario  de la educación común y especial asiste a Escuelas de Gestión Estatal. Asimismo, la Tasa Neta de Finalización Secundaria es del 73%, un poco inferior al resto de América Latina (74,17%) y lejos del promedio de la OCDE (95%). 

En el año 2010, se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo por lo cual el Estado y las Provincias se comprometían a financiar el 6% del PBI en Educación. Sin embargo, este objetivo sólo se cumplió en un año (2014) y para el 2020 alcanzó sólo un 4,5%. 

Argentina ha realizado grandes avances en términos de reconocimiento de derechos para las mujeres y disidencias, ampliamente impulsado por los movimientos de mujeres y LGTBIQ+. En el año 2020, luego de un largo proceso se promulgó la ley de interrupción legal del embarazo y desde el Estado se están realizando numerosos esfuerzos para incorporar el enfoque de género en las políticas públicas. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID se implementó el Ingreso Familiar de Emergencia y se privilegiaba el cobro en cabeza de las mujeres lo que facilitó su inclusión  financiera. 

Desde el año 2010, el país se convirtió en el primero de América Latina en reconocer el matrimonio de personas del mismo seco en todo su territorio nacional. Además, fue el segundo país de América y décimo a nivel mundial en legalizarlo.

Sin embargo, en términos económicos subsisten aún grandes desigualdades que afectan a las mujeres. La brecha de ingresos se ubica en un 30%, y el desempleo afecta especialmente a las jóvenes. 

Al analizar la incidencia tributaria por deciles de ingresos, el principal impuesto -IVA- resulta ser uno de los impuestos más regresivos ya que la carga tributaria decrece con el ingreso, la población con menores ingresos (primeros tres deciles por ingresos) sufren una mayor carga tributaria mientras que los últimos dos deciles de ingresos muestran una menor presión tributaria. Al abordar el análisis en términos de género, la desigualdad se profundiza dado que afecta de manera más significativa a las mujeres quienes gastan una mayor proporción de sus ingresos en bienes de consumo y cuidado personal en comparación de los varones. La inequidad contributiva queda aún más en manifiesto al considerar los aportes por deciles, son las mujeres de menores ingresos las que hacen un mayor aporte en torno al 56% en comparación a los varones que aportan 44%, esta relación se invierte en el último decil donde se observa una mayor carga tributaria en los varones (56%) (Sacco, Cori Santos, 2023). 

Durante los primeros seis meses de la presidencia de Javier Milei, los salarios promedios cayeron 15,8% en términos reales, resaltando la caída del 24% de los ingresos del sector informal de la economía, lo que aumentó los indicadores de desigualdad. El ajuste sobre el gasto se concentró en partidas sensibles. En enero, los indicadores fiscales mostraron que el superávit fiscal alcanzó los $2 billones, mientras que los intereses de deuda pagados ascendieron a $1,5 billones y el superávit financiero se situó en $0,5 billones. A pesar de un crecimiento mínimo del 0,7% en los ingresos (impulsado por los impuestos al comercio exterior que se beneficiaron de la devaluación y la subida del impuesto país), los gastos experimentaron una caída abrupta, disminuyendo casi un 40% debido principalmente a recortes en las prestaciones sociales, subsidios y obras públicas.

Las mujeres de menores ingresos dependen en mucha mayor medida que los varones ubicados en la misma escala de ingreso de las jubilaciones y transferencias. Esto las obliga a implementar estrategias de supervivencia, como reducir la variedad y calidad de los alimentos y disminuir el consumo de lácteos y carnes. Los datos publicados por CAME evidenciaron que “las ventas minoristas pymes se hundieron un 25,5% en febrero, a precios constantes, acumularon un declive del 27% en el primer bimestre del año, frente al mismo periodo del año pasado”. Alimentos y Bebidas tuvo la mayor caída interanual (33,3% y 35,2% en el primer bimestre del año frente al mismo periodo de 2023). Según el Observatorio de la Cadena Láctea el consumo de leche fluida en el mercado interno cayó un 15% con respecto al mismo periodo del año anterior”. Las ventas de productos farmacéuticos se redujo un 39% interanual.

La falta de renovación del programa “Compre sin IVA”, que permitía aliviar la carga fiscal sobre salarios, jubilaciones y pensiones a través de la devolución de un impuesto que afecta desproporcionadamente a quienes tienen menores ingresos, fue otro golpe a los hogares. Desde presidencia también se impulsó el regreso del pago de ganancias para la cuarta categoría (asalariados), por la cual el mismo Milei había votado a favor de su eliminación. 

Además, se eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) representa en promedio un 10% del sueldo docente. En la escuela primaria, 9 de cada 10 docentes son mujeres. Suspendieron los fondos destinados a la “quinta hora de clase” que aportaba el Estado Nacional para reforzar el aprendizaje en lengua y matemática, afectando los derechos de niños y niñas y a los hogares que dependen de la educación pública para organizar el cuidado (SES, 2024).